Los integrantes del Escalafón Profesional del Estado, representados por la Asociación Sindical de Profesionales del Estado (ASPUE/ASPUFE), repudiamos la falta de resguardo de la Justicia en la protección de menores de edad, el actuar de la Policía y del Poder Político contra los trabajadores, quienes desde el 8 y 9 de enero a la fecha se encuentran en lucha, ante la emisión de leyes violatorias de sus derechos, emitidas en el amparo del marco institucional.
Así, y en el contexto actual, esa violencia perpetrada en Democracia por las instituciones estatales, por quienes tienen la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, transforman una fuente de protección en fuente de terror, generando efectos devastadores.
El análisis de las conductas violentas requiere tarea urgente, y más aún visibilizar, conceptualizar y medir la violencia, cuando es perpetrada en Democracia y en las Instituciones Estatales por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a los ciudadanos, de mantener el orden social, de preservar la estabilidad y predictibilidad de sus vidas.
Requerimos se imponga una mirada sobre la violencia generada en estos 4 meses. Hacia adentro, hacia los propios integrantes, agentes, trabajadores de la administración pública, y en especial hacia sus representantes, entidades gremiales, todas con suficiente representatividad cada una en su sector.
Y también una mirada hacia afuera, los ciudadanos en general, usuarios beneficiarios del servicio que se presta, indirectamente perjudicados. Contribuir a un estado más saludable y en consecuencia, más racional, más democrático, más transparente, más justo, más humano es lo que reclamamos y demandamos.
Solicitamos al poder ejecutivo, arbitre todos los medios para desistir de su accionar violento. Solicitamos en el marco de mesa técnica celebrada, posibilite el acercamiento del sector profesional, con suficiente representatividad, reconociendo el derecho a la actividad sindical, desistiendo de su accionar por el cual intenta someter nuestra voluntad y representatividad a otros sectores gremiales, a los cuales no reconocemos, que nos representen en nuestros derechos y reclamos históricos.
Así, y en el contexto actual, esa violencia perpetrada en Democracia por las instituciones estatales, por quienes tienen la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, transforman una fuente de protección en fuente de terror, generando efectos devastadores.
El análisis de las conductas violentas requiere tarea urgente, y más aún visibilizar, conceptualizar y medir la violencia, cuando es perpetrada en Democracia y en las Instituciones Estatales por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a los ciudadanos, de mantener el orden social, de preservar la estabilidad y predictibilidad de sus vidas.
Requerimos se imponga una mirada sobre la violencia generada en estos 4 meses. Hacia adentro, hacia los propios integrantes, agentes, trabajadores de la administración pública, y en especial hacia sus representantes, entidades gremiales, todas con suficiente representatividad cada una en su sector.
Y también una mirada hacia afuera, los ciudadanos en general, usuarios beneficiarios del servicio que se presta, indirectamente perjudicados. Contribuir a un estado más saludable y en consecuencia, más racional, más democrático, más transparente, más justo, más humano es lo que reclamamos y demandamos.
Solicitamos al poder ejecutivo, arbitre todos los medios para desistir de su accionar violento. Solicitamos en el marco de mesa técnica celebrada, posibilite el acercamiento del sector profesional, con suficiente representatividad, reconociendo el derecho a la actividad sindical, desistiendo de su accionar por el cual intenta someter nuestra voluntad y representatividad a otros sectores gremiales, a los cuales no reconocemos, que nos representen en nuestros derechos y reclamos históricos.
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