Por Luciano Moreno (*): La semana pasada los medios de comunicación nacionales, provinciales e
internacionales, bombardearon nuestra conciencia con la repulsiva y alarmante noticia de
que la Canciller argentina, Susana Malcorra, anunciaba que pronto sería posible iniciar “un
diálogo potencial” “sobre la cuestión de exploración petrolera en la zona de Malvinas, y
que, además en el corto plazo, podrían restablecerse los vuelos directos a Malvinas”.
Todo esto, según ella, enmarcado en una política de “no confrontación”, que muy suelta de cuerpo gusta llamar de “buenos vecinos”, como si esta expresión significara poco en la diplomacia y en el derecho internacional, por reconocer, con ella, en nuestro usurpador, un estado ribereño, y demostrando también una verdadera muestra clínica del síndrome de Estocolmo en nuestra concepción actual diplomática y de política exterior.
Si bien ambos anuncios y la calificación del tipo de “política” tienen gravedad, en esta ocasión hablaremos solo de las potenciales negociaciones para ser “socios” en la explotación de nuestros recursos hidrocarburíferos en Malvinas.
Nuestra postura como Provincia, desde la Legislatura:
En un sistema constitucional como el de nuestro país, “republicano”, “federal” y “provincialista”, como lo define Dromi, es impensado desde la ética más básica realizar negociados que comprometan los recursos de una provincia, o pretender iniciarlos, sin consultarle a ella su parecer, más aún si la actividad se refiere a aquellos con la distintiva característica de ser “no renovables”, y cuya actividad extractiva y sus connotaciones son indiscutiblemente nocivas en varios aspectos.
La inconveniencia e impacto negativo de una situación como a la que pretende someter nuestra provincia el Ejecutivo Federal, no es una cuestión ambiental solamente, sino algo mucho más profundo, y es importante lo entendamos, puesto que posee gran impacto en varios ámbitos de nuestra vida como Estado, y sobre todo como Nación, tanto en el orden interno e internacional, como en lo histórico, jurídico, político, diplomático, económico y soberano.
Los habitantes de nuestra provincia, cada uno de ellos, y nuestros representantes salidos de la cantera el pueblo fueguino, entienden bien cada uno de estos factores, y sabe que asociarnos con el usurpador para explotar nuestro “petróleo”, es sentar un antecedente detestable para nuestros intereses soberanos, y para la integridad territorial de nuestra provincia.
Este pensar, sentir y entender, va más allá de la anuencia o no del gobierno federal de turno, que no debería ni puede plantearse, destruir en menos de 1 año de gobierno, más de 180 años de reclamaciones, que plantean claramente sin fisuras, que no tenemos porque compartir obligatoriamente nuestros recursos con quien los cree propios, y viola todo el derecho internacional vigente para no devolvernos lo que legítimamente nos pertenece, o sentarse a negociar sobre la cuestión.
También ven claramente que considerar al usurpador como estado ribereño, asintiendo negociar obligatoriamente el petróleo que en su totalidad nos pertenece, le da directa o indirectamente algún grado de legitimidad a su concepción de propiedad sobre lo que es de exclusiva propiedad del pueblo argentino, y también, porque no, del latinoamericano.
El sostener que lo que esta en nuestra plataforma continental es solo e indiscutidamente argentino, no es una visión caprichosa, sino una postura nacional irrefutable que está explicitada en la propia Constitución argentina, y que no es un capricho, sino un reclamo apoyado por la mayoría de los países del mundo.
En este sentido, y teniendo en cuenta lo antedicho, habría que informarle al Ejecutivo Federal, hasta ahora evidentemente anti-nacional, que más allá de que le importe o no, la máxima institución de representación política, que es la Legislatura Provincial de Tierra Del Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur, dejó bien claro su posicionamiento al respecto de la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas, por parte de la potencia usurpadora. Y sea o no del anglófilo agrado de nuestro cuerpo diplomático actual, tiene que tenerlo en cuenta y respetarlo.
Estas muestras formales de repudio que el cuerpo deliberativo tomó y aprobó de manera unánimemente, por ser un reflejo indiscutido del pensar y sentir de todos los fueguinos, exteriorizado en las Declaración 002 de 2015 y su réplica en la resolución 199 de 2016, fueron producto de una propuesta de la Unión Malvinizadora Argentina, fundada por quien escribe y Rodrigo Palacios, y cuyo texto es el siguiente:
La Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, DECLARA:
-Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que tiene previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la explotación y extracción de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
-Artículo 2°.- Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atentan decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentabilidad de los recursos marítimos.
-Artículo 3°.- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en la arcaica cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos”.
DATO DE COLOR: Es importante expresar que este proyecto, a pesar de haber obtenido resultados positivos gracias al cuerpo legislativo, jamás fue apoyado o criticado, pública o formalmente por el Observatorio Malvinas de la provincia, por lo que esperamos que ahora, que pueden ver la importancia tiene y que antes por su escaso trabajo en el tema no entendían, puedan usarlo a favor de los intereses nacionales, y, por otro lado, se esmeren un poquito más en comprender lo trascendentales que son los otro 16 que presentamos en estos 2 años, que al igual que este, salieron publicados por todos los medios de comunicación de la provincia, y jamás fueron criticados o apoyados por ellos.
Link de la Legislatura: https://es.scribd.com/document/323918844/As-N%C2%BA-199-16
Orientación interpretativa de la Declaración.
Sabiendo que lamentablemente siempre existe suelto algún ignorante, cipayo o anglófilo, a veces oculto y enquistado en espacios decisivos, y que no pierde oportunidad para tergiversar en favor de intereses foráneos cualquier actitud o posicionamiento por parte de los que tienen bien claro el argentino rol de Nación soberana a la que le pertenece todo el Atlántico Sur, es importante y necesario aclarar algunas cuestiones, para que también la población pueda detectar a estos seres prescindibles y nocivos, analizar sus argumentos y apuntar a extirparlos de nuestro sistema político provincial y nacional.
Interpretar es dotar de sentido, darle un significado a algo que antes no lo tenía o se presentaba borroso.
Para ello, en este caso, primeramente, como parámetro hermenéutico básico, es necesario e insustituible entendamos que para hacer esto, de manera relativamente correcta, debemos concebir y analizar al cuerpo declarativo y su réplica, como un todo seguramente perfectible pero homogéneo, y no como si cada artículo fuera un compartimiento estanco, con el cual al ser cotejado con otro, se pudiera generar contracciones que diluyan coherencia de la totalidad.
Cada uno de los artículos de la declaración tiene un una intención particular que es necesario orientar en su fin general, y para ello voy a tratar desgajar sus palabras y ponerlas a luz de nuestros intereses soberanos.
Como el instrumento debe ser considerado en el todo, y el orden de su articulado según de donde se lo mire corresponde a cuestiones formales declarativas, y no argumentales, voy a prescindir de él para explicar un poco su magnitud, alcance y sentido de totalidad y uniformidad.
El eje principal es el crimen internacional llamado colonialismo Primeramente necesito dejar bien claro, que si bien lo que se repudia en el instrumentos es la exploración y explotación de hidrocarburos en un territorio legítimamente argentino pero ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera, es importante entender porque se rechaza esta actividad, que en sí, más allá de su impacto nocivo, es aceptada, avalada e incluso incentivada a lo largo y ancho de todo el mundo entero.
Es fundamental entender esto de antemano, porque evitaremos que algunas personas traten de dejar de lado, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, uno de los ejes centrales de la discusión y de la declaración, que no es la actividad extractiva, sino su verdadera connotación y orientación, en este caso, jurídica, diplomática, histórica y soberana.
Lo que motiva este rechazo no es la explotación de hidrocarburos o las complicaciones ambientales que pueda tener y que más adelante vamos a analizar, sino la situación en la cual se encuentra el territorio donde pretende realizarse.
Por este motivo, debemos primero analizar la circunstancia que hace tan nociva la extracción o exploración de petróleo, con o sin el consentimiento de un gobierno federal transitorio -electo por un ajustadísimo margen electoral en ballotage-, en un territorio como lo es el Atlántico Sur en general y las Islas Malvinas en particular, que tiene ríos de tinta y sangre derramadas en nuestra historia, remota y reciente.
El territorio en el cual el gobierno federal pretende “asociarse” para permitir actividad hidrocarburìfera, actualmente y desde hace más de 180 años, se encuentra bajo un tipo de dominio de facto, retrógrada y criminal, como lo es el colonial, el cual fue caratulado y descrito como tal por la propia Organización de las Naciones Unidas en su conocida Resolución 2065 (ver), y otras más de 50 posteriores.
El colonialismo, es un sistema de dominación política, económica y militar, mediante el cual una potencia, conocida como metrópoli usurpadora, se apodera ilegítimamente de un territorio, región o nación, ajena y generalmente remota a la potencia colonizadora, para ejercer un control formal y directo sobre él, sosteniendo ese dominio por la fuerza y la disparidad económica, teniendo como motivaciones fundamentales: el rédito económico que significa la apropiación de la tierra, sus recursos y riquezas, y/o la importancia estratégica militar y/o geopolítica.
Esta forma de explotación, que en un momento de nuestra historia mundial llegó a tener más 600 millones de personas bajo su yugo, hoy es considerada, literalmente, por las Naciones Unidas, desde 1970, un crimen internacional y una violación a la Carta de las Naciones Unidas, por ser, entre otras cosas, una amenaza a la paz y la seguridad internacional, además de una forma detestable de explotación y violación de los derechos de los pueblos, los estados y las naciones.
Hasta el año pasado era impensado que llegara un gobierno “argentino” que se pusiera tan de rodillas como para permitir sin chistar, y menos aún avalar, la explotación de recursos no renovables sin antes comenzar las negociaciones recomendadas por las Naciones Unidas, que instan al Reino Unido y todo el contubernio que lo conforma, den por finalizada la situación colonial en nuestro territorio y nos lo entreguen, para que podamos ejercer plenamente la soberanía que legítimamente nos corresponde, y obviamente respetando los intereses de sus mascotas implantadas (kelpers).
Hoy tenemos un ejecutivo al que aparentemente no solo le interesa poco y nada la soberanía sobre nuestro Atlántico sur, sino que tampoco hace mella a su carrera entreguista avalar crímenes internacionales, y no hablo del presunto encubrimiento de violación de niños en África por parte de Malcorra en su labor en Naciones Unidas, sino del colonialismo, que fue considerado tal por la Resolución 2621 de 1970, de dicha organización internacional.
En conclusión, si bien la declaración se orienta a repudiar una actividad, la verdadera raíz de dicho repudio está en que esta actividad “se enmarca en la arcaica cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos”, tal cual lo expresa el propio instrumento legislativo.
Por el impacto ambiental, veremos que “las penas son de nosotros”...
Debemos ver que el usurpador está ansioso de explotar a cualquier costo lo que yace en nuestro lecho marino, y le interesa lo suficiente el rédito económico de ello como para dejar en segundo plano el impacto ambiental que puede producir en la vasta extensión del Atlántico.
Fíjense que la empresa que pretende realizar la actividad se tomó la molestia formal de enviar a la marioneta gubernamental kelper, un proyecto para informarle, mas que para consultarle, en que podía afectar sus vidas esto que ya está orientado a producirse, con o sin su consentimiento.
Con este aviso, que se solapa en un pedido de autorización, la empresa y los ladrones pretenden dejar plasmado en la mentalidad de la comunidad internacional que esos 2500 títeres son los únicos que podrían verse afectados por una fuga parecida a la de México en 2010, y que aún así lo autorizaron.
Si los kelpers les importa poco y nada a sus amos y las empresas que ellos contratan, menos aún les importamos nosotros. Esto se ve reflejado claramente, entre muchas otras cosas, en que no crean necesario consultar al pueblo argentino, al que pertenece el territorio que se encuentra en su plataforma continental.
Pueblo propiamente dicho que solo en la Patagonia Argentina somos aproximadamente 2.1 millones de habitantes que frente a las costas donde mojamos nuestros pies, pretenden edificar un peligro que puede acabar con toda nuestra forma de vida, y la de muchísimas especies fundamentales para la biodiversidad del planeta.
La realidad es que cualquier problema ambiental que surja de la actividad extractiva, será una problemática que afectará mayormente a nuestro país, y a todos los que habiten la Patagonia, que no somos, por cierto, 2500 muñecos implantados.
Si bien recién ahora están rascando el cascarón las verdaderas intenciones de los que hoy por un pequeño margen nos gobiernan, y podemos escuchar algunos indicios de lo que realmente quieren, no es difícil observar que lo que sucederá en materias de negociaciones, si estas llegan a darse, no será muy diferente a lo que se hizo en los años 90, cuando el canciller Di Tella dijo en una entrevista a la Nación: “si nos dan el 3% no jodemos, si no nos dan el 3% jodemos”.
Tampoco será diferente, en que en los medios de comunicación hoy solo hablan de Sea León, una cuenca 120 al Norte de Malvinas, pero cuando se empiece a hacer los verdaderos negociados, ellos abarcarán territorios bien próximos a la costa patagónica, que ni hoy ni nunca estuvieron bajo dominio de facto británico y no fueron objeto de reclamación por esta potencia ladrona: y esto no lo digo para querer parecer Nostradamus malvinero, sino porque así sucedió ya en los años 90.
Debemos entender que si ellos buscan iniciar “negociaciones” en torno a petróleo en Malvinas, es porque es un recurso no renovable, con altas probabilidades de desastres, y porque necesitan nuestro aval, producto, también, de una resolución muy importante, y que hoy buscarán tergiversar, para lograr su cometido depredatorio, que sin nuestro consentimiento, se les hace casi imposible.
Pensémoslo bien… podrían hacer las cosas tan fáciles como lo hacen con la pesca, que hasta la fecha le da ganancias millonarias que rondan cuando menos los 1600 millones de dólares, de los cuales a nosotros nada nos entregan, a pesar de pescar incluso en zonas más cercanas que la cuenca Sea León.
Bilateralidad de partes y unilateralidad de conveniencia Ahora vamos a analizar el Artículo 1 de la Declaración, que repudia “enérgicamente” las “actividades de carácter unilateral” concernientes a las “exploración y explotación de petróleo en nuestras islas” Malvinas.
Si bien el artículo es claro, es importante explicar algunas disquisiciones que algunas mentalidades pro-británicas, o simplemente ignorantes, tratarán de tergiversar para distraernos de lo esencial, y lograr que ignoremos las devastadoras consecuencias del inicio de la explotación de hidrocarburos en nuestras islas, que actualmente se encuentran usurpadas por una potencia colonial, que constantemente incrementa la militarización de la zona, en clara amenaza a la paz de nuestro país, todo el continente y del mundo entero.
En busca de este británico o simplemente estúpido objetivo, algunos dirán que la declaración provincial lo que repudia es la actividad “unilateral”, por lo que el hecho de que actual Ejecutivo Federal en cabeza de Mauricio Macri (ver) consienta aceptar negociaciones sobre nuestros recursos petroleros en las Islas, torna la cuestión en “bilateral”, y por ende, la declaración de repudio no contemplaría ni repudiaría esta situación que nos quieren hacer padecer, como fatalidad irremediable, sin que tengamos como provincia, voz ni voto al respecto.
Esto no es más que una interpretación textual, total y deliberadamente sacada de contexto y en detrimento del espíritu que promueve esta declaración, así como también, un desconocimiento supino de lo importante que es para nuestros intereses nacionales no compartir o negociar lo que legítimamente nos pertenece, con quien necesita nuestro consentimiento para generar la seguridad jurídica en las empresas que ellos mismos convocan y contratan, para así poder robarnos a más bajos costos, y darnos menos que migajas.
Cuando se hace referencia a “unilateralidad”, debemos entender que también se refiere a que para la única parte que resulta conveniente explorar y explotar petróleo en Malvinas, es para el cáncer británico y sus mulos kelpers, que no tienen pensado sentarse a negociar de soberanía hasta que no exterminen el último ser vivo del Atlántico sur y no quede una gota de petróleo, gas o lo que sea de valor en él.
La unilateralidad de conveniencia real que apuntamos quede expuesta, contempla el apuro que tienen los usurpadores a causa de su “inminente” salida de Unión Europea, que a nosotros no nos modifica absolutamente nada, pero que ellos los fuerza a necesitar imperiosamente asegurarse expectativas de ingresos que atenúen el impacto económico y financiero de la decisión que tomaron, producto de su mentalidad retrógrada, conservadora y xenófoba. Una situación de autoaislamiento que la diplomacia “argentina” no solo no está sabiendo aprovechar, sino que pareciera ignorar en toda su dimensión, por inconfesables objetivos, que poco tienen que ver con el interés de todos los argentinos.
Para buscar un marco internacional, los cipayos, tratarán de invocar la siguiente Resolución (31/49) de las Naciones Unidas, dictada el 1 de Diciembre de 1976, que “insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas” (1514, 2065 y 3160).
Con ello buscarán que creamos que lo que quiere decir esta resolución, es que los usurpadores solo deben esperar hasta que un gobierno bien entreguista llegue al poder, Menem en los 90´ y Macri hoy, para poder crear un acuerdo-antecedente, y así maquillar de legítimo ante la comunidad internacional, en poco menos de sus 4 años de gestión, un crimen internacional al que hace 180 ininterrumpidamente nos vienen sometiendo, y el que hace 50 años la ONU los insta a finalizar a favor de nuestro país y todo el mundo entero, que espera ansioso la finalización, del y anacrónico y retrógrado colonialismo.
Debemos entender que nos enfrentamos una potencia genocida con una gran cultura diplomática ejercitada en defender sus contantes atropellos a la humanidad, y que tratarán de asirse de todos los elementos que tengan a mano, sean o no válidos, para generar duda, y utilizarla en su favor.
Si bien puede ser cierto que el texto de esa resolución, en su gestación pudiera haber tenido ese cometido no declarado e inmoral de esperar a un gobierno argentino bien cipayo como el actual para crear derechos a favor de quienes no lo tienen, no es menos cierto, que el aval de la amplia mayoría de los países del mundo a la postura argentina, y la progresividad del derecho internacional, hace que por suerte la formula interpretativa de la resolución no sea tan sencilla como la textual, y que mas allá de lo que es su letra, hoy importe y se analice su alcance deontológico.
En conclusión…..
Con respecto al a Declaración de nuestro cuerpo legislativo provincial, sostener esta orientación interpretativa que solo encuadra la unilateralidad o la bilateralidad en el número de partes, es no conocer a nuestros representantes legislativos, caratularlos de estúpidos o traidores a la patria, y desconocer profundamente el pensar del pueblo fueguino, que intensamente malvinero. Es decir, pretender contemplar, por utilizar la palabra “unilateral”, la posibilidad de que la llegada de un gobierno federal entreguista como el que nos está en este momento gobernando, negocie nuestros recursos tirando al tacho 180 años de historia, 649 vidas de nuestros héroes, y 50 años de logros diplomáticos, que específicamente en lo que atañe particularmente a recursos no renovables, tiene su mayor victoria en la Resolución 31/49.
También es importante que los organismos que hasta ahora estuvieron de adorno, en reuniones, viajes y fotos, hoy comiencen a realizar un trabajo serio, y que esa labor sea de calidad conceptual y no netamente sentimental, porque en sentimiento malvinero lo tienen todos, y ellos están ahí para hacer no solo para sentir, viajar, reunirse o sacarse fotos.
No existe una discrecionalidad o exclusividad absoluta por parte del ejecutivo para administrar las relaciones internacionales en el país, y menos aún cuando el objeto de las políticas versan sobre recursos provinciales, cuya explotación pueden afectar indiscutiblemente a la población y el medioambiente de las provincias que lo contienen, así como sus propias competencias como entes autónomos ya lejos de lo que fueron los territorios nacionales, a los que parecen quieren volver a llevarnos.
Debemos entender que si este gobierno federal hasta ahora total y profundamente anti- nacional, inicia las negociaciones por el petróleo, dejaría de ser la actividad extractiva una actividad y “modificación unilateral”, y generaría un antecedente negativo, difícil luego de sortear, causal y generador de STOPPEL. Una situación que debemos estar alertas de que no suceda.
Ante esta situación, mas allá de creemos clara las declaraciones de repudio ya existentes, creemos oportuno y necesario que la legislatura fueguina, emitan su opinión desfavorable ante la posibilidad de que se negocien nuestro recursos petroleros en Malvinas, sin antes, iniciar y avanzar en las negociaciones recomendadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para iniciar el proceso de descolonización, de nuestro terruño argentino y luego se de conocimiento al foro patagónico para que instruya sus representantes en dejar clara la misma opinión.
(*) Fundador de la Unión Malvinizadora Argentina
Todo esto, según ella, enmarcado en una política de “no confrontación”, que muy suelta de cuerpo gusta llamar de “buenos vecinos”, como si esta expresión significara poco en la diplomacia y en el derecho internacional, por reconocer, con ella, en nuestro usurpador, un estado ribereño, y demostrando también una verdadera muestra clínica del síndrome de Estocolmo en nuestra concepción actual diplomática y de política exterior.
Si bien ambos anuncios y la calificación del tipo de “política” tienen gravedad, en esta ocasión hablaremos solo de las potenciales negociaciones para ser “socios” en la explotación de nuestros recursos hidrocarburíferos en Malvinas.
Nuestra postura como Provincia, desde la Legislatura:
En un sistema constitucional como el de nuestro país, “republicano”, “federal” y “provincialista”, como lo define Dromi, es impensado desde la ética más básica realizar negociados que comprometan los recursos de una provincia, o pretender iniciarlos, sin consultarle a ella su parecer, más aún si la actividad se refiere a aquellos con la distintiva característica de ser “no renovables”, y cuya actividad extractiva y sus connotaciones son indiscutiblemente nocivas en varios aspectos.
La inconveniencia e impacto negativo de una situación como a la que pretende someter nuestra provincia el Ejecutivo Federal, no es una cuestión ambiental solamente, sino algo mucho más profundo, y es importante lo entendamos, puesto que posee gran impacto en varios ámbitos de nuestra vida como Estado, y sobre todo como Nación, tanto en el orden interno e internacional, como en lo histórico, jurídico, político, diplomático, económico y soberano.
Los habitantes de nuestra provincia, cada uno de ellos, y nuestros representantes salidos de la cantera el pueblo fueguino, entienden bien cada uno de estos factores, y sabe que asociarnos con el usurpador para explotar nuestro “petróleo”, es sentar un antecedente detestable para nuestros intereses soberanos, y para la integridad territorial de nuestra provincia.
Este pensar, sentir y entender, va más allá de la anuencia o no del gobierno federal de turno, que no debería ni puede plantearse, destruir en menos de 1 año de gobierno, más de 180 años de reclamaciones, que plantean claramente sin fisuras, que no tenemos porque compartir obligatoriamente nuestros recursos con quien los cree propios, y viola todo el derecho internacional vigente para no devolvernos lo que legítimamente nos pertenece, o sentarse a negociar sobre la cuestión.
También ven claramente que considerar al usurpador como estado ribereño, asintiendo negociar obligatoriamente el petróleo que en su totalidad nos pertenece, le da directa o indirectamente algún grado de legitimidad a su concepción de propiedad sobre lo que es de exclusiva propiedad del pueblo argentino, y también, porque no, del latinoamericano.
El sostener que lo que esta en nuestra plataforma continental es solo e indiscutidamente argentino, no es una visión caprichosa, sino una postura nacional irrefutable que está explicitada en la propia Constitución argentina, y que no es un capricho, sino un reclamo apoyado por la mayoría de los países del mundo.
En este sentido, y teniendo en cuenta lo antedicho, habría que informarle al Ejecutivo Federal, hasta ahora evidentemente anti-nacional, que más allá de que le importe o no, la máxima institución de representación política, que es la Legislatura Provincial de Tierra Del Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur, dejó bien claro su posicionamiento al respecto de la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas, por parte de la potencia usurpadora. Y sea o no del anglófilo agrado de nuestro cuerpo diplomático actual, tiene que tenerlo en cuenta y respetarlo.
Estas muestras formales de repudio que el cuerpo deliberativo tomó y aprobó de manera unánimemente, por ser un reflejo indiscutido del pensar y sentir de todos los fueguinos, exteriorizado en las Declaración 002 de 2015 y su réplica en la resolución 199 de 2016, fueron producto de una propuesta de la Unión Malvinizadora Argentina, fundada por quien escribe y Rodrigo Palacios, y cuyo texto es el siguiente:
La Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, DECLARA:
-Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que tiene previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la explotación y extracción de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
-Artículo 2°.- Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atentan decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentabilidad de los recursos marítimos.
-Artículo 3°.- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en la arcaica cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos”.
DATO DE COLOR: Es importante expresar que este proyecto, a pesar de haber obtenido resultados positivos gracias al cuerpo legislativo, jamás fue apoyado o criticado, pública o formalmente por el Observatorio Malvinas de la provincia, por lo que esperamos que ahora, que pueden ver la importancia tiene y que antes por su escaso trabajo en el tema no entendían, puedan usarlo a favor de los intereses nacionales, y, por otro lado, se esmeren un poquito más en comprender lo trascendentales que son los otro 16 que presentamos en estos 2 años, que al igual que este, salieron publicados por todos los medios de comunicación de la provincia, y jamás fueron criticados o apoyados por ellos.
Link de la Legislatura: https://es.scribd.com/document/323918844/As-N%C2%BA-199-16
Orientación interpretativa de la Declaración.
Sabiendo que lamentablemente siempre existe suelto algún ignorante, cipayo o anglófilo, a veces oculto y enquistado en espacios decisivos, y que no pierde oportunidad para tergiversar en favor de intereses foráneos cualquier actitud o posicionamiento por parte de los que tienen bien claro el argentino rol de Nación soberana a la que le pertenece todo el Atlántico Sur, es importante y necesario aclarar algunas cuestiones, para que también la población pueda detectar a estos seres prescindibles y nocivos, analizar sus argumentos y apuntar a extirparlos de nuestro sistema político provincial y nacional.
Interpretar es dotar de sentido, darle un significado a algo que antes no lo tenía o se presentaba borroso.
Para ello, en este caso, primeramente, como parámetro hermenéutico básico, es necesario e insustituible entendamos que para hacer esto, de manera relativamente correcta, debemos concebir y analizar al cuerpo declarativo y su réplica, como un todo seguramente perfectible pero homogéneo, y no como si cada artículo fuera un compartimiento estanco, con el cual al ser cotejado con otro, se pudiera generar contracciones que diluyan coherencia de la totalidad.
Cada uno de los artículos de la declaración tiene un una intención particular que es necesario orientar en su fin general, y para ello voy a tratar desgajar sus palabras y ponerlas a luz de nuestros intereses soberanos.
Como el instrumento debe ser considerado en el todo, y el orden de su articulado según de donde se lo mire corresponde a cuestiones formales declarativas, y no argumentales, voy a prescindir de él para explicar un poco su magnitud, alcance y sentido de totalidad y uniformidad.
El eje principal es el crimen internacional llamado colonialismo Primeramente necesito dejar bien claro, que si bien lo que se repudia en el instrumentos es la exploración y explotación de hidrocarburos en un territorio legítimamente argentino pero ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera, es importante entender porque se rechaza esta actividad, que en sí, más allá de su impacto nocivo, es aceptada, avalada e incluso incentivada a lo largo y ancho de todo el mundo entero.
Es fundamental entender esto de antemano, porque evitaremos que algunas personas traten de dejar de lado, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, uno de los ejes centrales de la discusión y de la declaración, que no es la actividad extractiva, sino su verdadera connotación y orientación, en este caso, jurídica, diplomática, histórica y soberana.
Lo que motiva este rechazo no es la explotación de hidrocarburos o las complicaciones ambientales que pueda tener y que más adelante vamos a analizar, sino la situación en la cual se encuentra el territorio donde pretende realizarse.
Por este motivo, debemos primero analizar la circunstancia que hace tan nociva la extracción o exploración de petróleo, con o sin el consentimiento de un gobierno federal transitorio -electo por un ajustadísimo margen electoral en ballotage-, en un territorio como lo es el Atlántico Sur en general y las Islas Malvinas en particular, que tiene ríos de tinta y sangre derramadas en nuestra historia, remota y reciente.
El territorio en el cual el gobierno federal pretende “asociarse” para permitir actividad hidrocarburìfera, actualmente y desde hace más de 180 años, se encuentra bajo un tipo de dominio de facto, retrógrada y criminal, como lo es el colonial, el cual fue caratulado y descrito como tal por la propia Organización de las Naciones Unidas en su conocida Resolución 2065 (ver), y otras más de 50 posteriores.
El colonialismo, es un sistema de dominación política, económica y militar, mediante el cual una potencia, conocida como metrópoli usurpadora, se apodera ilegítimamente de un territorio, región o nación, ajena y generalmente remota a la potencia colonizadora, para ejercer un control formal y directo sobre él, sosteniendo ese dominio por la fuerza y la disparidad económica, teniendo como motivaciones fundamentales: el rédito económico que significa la apropiación de la tierra, sus recursos y riquezas, y/o la importancia estratégica militar y/o geopolítica.
Esta forma de explotación, que en un momento de nuestra historia mundial llegó a tener más 600 millones de personas bajo su yugo, hoy es considerada, literalmente, por las Naciones Unidas, desde 1970, un crimen internacional y una violación a la Carta de las Naciones Unidas, por ser, entre otras cosas, una amenaza a la paz y la seguridad internacional, además de una forma detestable de explotación y violación de los derechos de los pueblos, los estados y las naciones.
Hasta el año pasado era impensado que llegara un gobierno “argentino” que se pusiera tan de rodillas como para permitir sin chistar, y menos aún avalar, la explotación de recursos no renovables sin antes comenzar las negociaciones recomendadas por las Naciones Unidas, que instan al Reino Unido y todo el contubernio que lo conforma, den por finalizada la situación colonial en nuestro territorio y nos lo entreguen, para que podamos ejercer plenamente la soberanía que legítimamente nos corresponde, y obviamente respetando los intereses de sus mascotas implantadas (kelpers).
Hoy tenemos un ejecutivo al que aparentemente no solo le interesa poco y nada la soberanía sobre nuestro Atlántico sur, sino que tampoco hace mella a su carrera entreguista avalar crímenes internacionales, y no hablo del presunto encubrimiento de violación de niños en África por parte de Malcorra en su labor en Naciones Unidas, sino del colonialismo, que fue considerado tal por la Resolución 2621 de 1970, de dicha organización internacional.
En conclusión, si bien la declaración se orienta a repudiar una actividad, la verdadera raíz de dicho repudio está en que esta actividad “se enmarca en la arcaica cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos”, tal cual lo expresa el propio instrumento legislativo.
Por el impacto ambiental, veremos que “las penas son de nosotros”...
Debemos ver que el usurpador está ansioso de explotar a cualquier costo lo que yace en nuestro lecho marino, y le interesa lo suficiente el rédito económico de ello como para dejar en segundo plano el impacto ambiental que puede producir en la vasta extensión del Atlántico.
Fíjense que la empresa que pretende realizar la actividad se tomó la molestia formal de enviar a la marioneta gubernamental kelper, un proyecto para informarle, mas que para consultarle, en que podía afectar sus vidas esto que ya está orientado a producirse, con o sin su consentimiento.
Con este aviso, que se solapa en un pedido de autorización, la empresa y los ladrones pretenden dejar plasmado en la mentalidad de la comunidad internacional que esos 2500 títeres son los únicos que podrían verse afectados por una fuga parecida a la de México en 2010, y que aún así lo autorizaron.
Si los kelpers les importa poco y nada a sus amos y las empresas que ellos contratan, menos aún les importamos nosotros. Esto se ve reflejado claramente, entre muchas otras cosas, en que no crean necesario consultar al pueblo argentino, al que pertenece el territorio que se encuentra en su plataforma continental.
Pueblo propiamente dicho que solo en la Patagonia Argentina somos aproximadamente 2.1 millones de habitantes que frente a las costas donde mojamos nuestros pies, pretenden edificar un peligro que puede acabar con toda nuestra forma de vida, y la de muchísimas especies fundamentales para la biodiversidad del planeta.
La realidad es que cualquier problema ambiental que surja de la actividad extractiva, será una problemática que afectará mayormente a nuestro país, y a todos los que habiten la Patagonia, que no somos, por cierto, 2500 muñecos implantados.
Si bien recién ahora están rascando el cascarón las verdaderas intenciones de los que hoy por un pequeño margen nos gobiernan, y podemos escuchar algunos indicios de lo que realmente quieren, no es difícil observar que lo que sucederá en materias de negociaciones, si estas llegan a darse, no será muy diferente a lo que se hizo en los años 90, cuando el canciller Di Tella dijo en una entrevista a la Nación: “si nos dan el 3% no jodemos, si no nos dan el 3% jodemos”.
Tampoco será diferente, en que en los medios de comunicación hoy solo hablan de Sea León, una cuenca 120 al Norte de Malvinas, pero cuando se empiece a hacer los verdaderos negociados, ellos abarcarán territorios bien próximos a la costa patagónica, que ni hoy ni nunca estuvieron bajo dominio de facto británico y no fueron objeto de reclamación por esta potencia ladrona: y esto no lo digo para querer parecer Nostradamus malvinero, sino porque así sucedió ya en los años 90.
Debemos entender que si ellos buscan iniciar “negociaciones” en torno a petróleo en Malvinas, es porque es un recurso no renovable, con altas probabilidades de desastres, y porque necesitan nuestro aval, producto, también, de una resolución muy importante, y que hoy buscarán tergiversar, para lograr su cometido depredatorio, que sin nuestro consentimiento, se les hace casi imposible.
Pensémoslo bien… podrían hacer las cosas tan fáciles como lo hacen con la pesca, que hasta la fecha le da ganancias millonarias que rondan cuando menos los 1600 millones de dólares, de los cuales a nosotros nada nos entregan, a pesar de pescar incluso en zonas más cercanas que la cuenca Sea León.
Bilateralidad de partes y unilateralidad de conveniencia Ahora vamos a analizar el Artículo 1 de la Declaración, que repudia “enérgicamente” las “actividades de carácter unilateral” concernientes a las “exploración y explotación de petróleo en nuestras islas” Malvinas.
Si bien el artículo es claro, es importante explicar algunas disquisiciones que algunas mentalidades pro-británicas, o simplemente ignorantes, tratarán de tergiversar para distraernos de lo esencial, y lograr que ignoremos las devastadoras consecuencias del inicio de la explotación de hidrocarburos en nuestras islas, que actualmente se encuentran usurpadas por una potencia colonial, que constantemente incrementa la militarización de la zona, en clara amenaza a la paz de nuestro país, todo el continente y del mundo entero.
En busca de este británico o simplemente estúpido objetivo, algunos dirán que la declaración provincial lo que repudia es la actividad “unilateral”, por lo que el hecho de que actual Ejecutivo Federal en cabeza de Mauricio Macri (ver) consienta aceptar negociaciones sobre nuestros recursos petroleros en las Islas, torna la cuestión en “bilateral”, y por ende, la declaración de repudio no contemplaría ni repudiaría esta situación que nos quieren hacer padecer, como fatalidad irremediable, sin que tengamos como provincia, voz ni voto al respecto.
Esto no es más que una interpretación textual, total y deliberadamente sacada de contexto y en detrimento del espíritu que promueve esta declaración, así como también, un desconocimiento supino de lo importante que es para nuestros intereses nacionales no compartir o negociar lo que legítimamente nos pertenece, con quien necesita nuestro consentimiento para generar la seguridad jurídica en las empresas que ellos mismos convocan y contratan, para así poder robarnos a más bajos costos, y darnos menos que migajas.
Cuando se hace referencia a “unilateralidad”, debemos entender que también se refiere a que para la única parte que resulta conveniente explorar y explotar petróleo en Malvinas, es para el cáncer británico y sus mulos kelpers, que no tienen pensado sentarse a negociar de soberanía hasta que no exterminen el último ser vivo del Atlántico sur y no quede una gota de petróleo, gas o lo que sea de valor en él.
La unilateralidad de conveniencia real que apuntamos quede expuesta, contempla el apuro que tienen los usurpadores a causa de su “inminente” salida de Unión Europea, que a nosotros no nos modifica absolutamente nada, pero que ellos los fuerza a necesitar imperiosamente asegurarse expectativas de ingresos que atenúen el impacto económico y financiero de la decisión que tomaron, producto de su mentalidad retrógrada, conservadora y xenófoba. Una situación de autoaislamiento que la diplomacia “argentina” no solo no está sabiendo aprovechar, sino que pareciera ignorar en toda su dimensión, por inconfesables objetivos, que poco tienen que ver con el interés de todos los argentinos.
Para buscar un marco internacional, los cipayos, tratarán de invocar la siguiente Resolución (31/49) de las Naciones Unidas, dictada el 1 de Diciembre de 1976, que “insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas” (1514, 2065 y 3160).
Con ello buscarán que creamos que lo que quiere decir esta resolución, es que los usurpadores solo deben esperar hasta que un gobierno bien entreguista llegue al poder, Menem en los 90´ y Macri hoy, para poder crear un acuerdo-antecedente, y así maquillar de legítimo ante la comunidad internacional, en poco menos de sus 4 años de gestión, un crimen internacional al que hace 180 ininterrumpidamente nos vienen sometiendo, y el que hace 50 años la ONU los insta a finalizar a favor de nuestro país y todo el mundo entero, que espera ansioso la finalización, del y anacrónico y retrógrado colonialismo.
Debemos entender que nos enfrentamos una potencia genocida con una gran cultura diplomática ejercitada en defender sus contantes atropellos a la humanidad, y que tratarán de asirse de todos los elementos que tengan a mano, sean o no válidos, para generar duda, y utilizarla en su favor.
Si bien puede ser cierto que el texto de esa resolución, en su gestación pudiera haber tenido ese cometido no declarado e inmoral de esperar a un gobierno argentino bien cipayo como el actual para crear derechos a favor de quienes no lo tienen, no es menos cierto, que el aval de la amplia mayoría de los países del mundo a la postura argentina, y la progresividad del derecho internacional, hace que por suerte la formula interpretativa de la resolución no sea tan sencilla como la textual, y que mas allá de lo que es su letra, hoy importe y se analice su alcance deontológico.
En conclusión…..
Con respecto al a Declaración de nuestro cuerpo legislativo provincial, sostener esta orientación interpretativa que solo encuadra la unilateralidad o la bilateralidad en el número de partes, es no conocer a nuestros representantes legislativos, caratularlos de estúpidos o traidores a la patria, y desconocer profundamente el pensar del pueblo fueguino, que intensamente malvinero. Es decir, pretender contemplar, por utilizar la palabra “unilateral”, la posibilidad de que la llegada de un gobierno federal entreguista como el que nos está en este momento gobernando, negocie nuestros recursos tirando al tacho 180 años de historia, 649 vidas de nuestros héroes, y 50 años de logros diplomáticos, que específicamente en lo que atañe particularmente a recursos no renovables, tiene su mayor victoria en la Resolución 31/49.
También es importante que los organismos que hasta ahora estuvieron de adorno, en reuniones, viajes y fotos, hoy comiencen a realizar un trabajo serio, y que esa labor sea de calidad conceptual y no netamente sentimental, porque en sentimiento malvinero lo tienen todos, y ellos están ahí para hacer no solo para sentir, viajar, reunirse o sacarse fotos.
No existe una discrecionalidad o exclusividad absoluta por parte del ejecutivo para administrar las relaciones internacionales en el país, y menos aún cuando el objeto de las políticas versan sobre recursos provinciales, cuya explotación pueden afectar indiscutiblemente a la población y el medioambiente de las provincias que lo contienen, así como sus propias competencias como entes autónomos ya lejos de lo que fueron los territorios nacionales, a los que parecen quieren volver a llevarnos.
Debemos entender que si este gobierno federal hasta ahora total y profundamente anti- nacional, inicia las negociaciones por el petróleo, dejaría de ser la actividad extractiva una actividad y “modificación unilateral”, y generaría un antecedente negativo, difícil luego de sortear, causal y generador de STOPPEL. Una situación que debemos estar alertas de que no suceda.
Ante esta situación, mas allá de creemos clara las declaraciones de repudio ya existentes, creemos oportuno y necesario que la legislatura fueguina, emitan su opinión desfavorable ante la posibilidad de que se negocien nuestro recursos petroleros en Malvinas, sin antes, iniciar y avanzar en las negociaciones recomendadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para iniciar el proceso de descolonización, de nuestro terruño argentino y luego se de conocimiento al foro patagónico para que instruya sus representantes en dejar clara la misma opinión.
(*) Fundador de la Unión Malvinizadora Argentina
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