El fiscal federal de la ciudad de Río Grande, Marcelo Rapoport, apuntó contra las normas que regulan el funcionamiento de prostíbulos escondiendo los fines de estos locales comerciales tras los eufemismos: casas de tolerancia , whiskerías, cabarets, boites, entre otros.
Se reunió el Viernes con legisladores del concejo deliberante local para pedir la derogación o modificación de ordenanzas municipales que favorecen el delito de trata de personas para la explotación sexual.
Rapoport apuntó contra las normas que regulan el funcionamiento de prostíbulos escondiendo los fines de estos locales comerciales tras los eufemismos: casas de tolerancia, whiskerías, cabarets, boites, entre otros. Estos lugares están prohibidos hace 77 años por la denominada ley nacional de profilaxis. Para el fiscal, según las ordenanzas vigentes, “en Río Grande la explotación sexual de personas se encuentra reglamentada”.
En la provincia las mujeres son contratas como “coperas” y los “administradores” de los locales deben exigirles libretas sanitarias que son diferentes a las de aquellas trabajadoras que manipulan alimentos, por ejemplo. “El sistema reglamentarista permite las casas de tolerancia, que las mujeres tengan una libreta sanitaria, esto sucedió hasta el año 1937 en Argentina. Con la Ley 12.331, se pasa al sistema abolicionista, es decir a abolir la prostitución, que implica perseguir al proxeneta, a quien regentea las casas de tolerancia, a quien regentea mujeres, pero no persigue a las mujeres, que son en estos casos, siempre víctimas y tampoco persigue al consumidor/cliente”, dijo Rapoport en declaraciones a una radio local.
Tierra Del Fuego es una provincia vinculada al delito de trata, particularmente como una zona de explotación. Hace quince días, en otra parte de la provincia, en la ciudad de Usuhaia, fueron rescatadas doce víctimas de trata. Entre ellas había argentinas, peruanas, dominicanas y paraguayas. Varias aseguraron que trabajaban como “mozas” y acudieron al sindicato para reclamar por su “fuente de trabajo”.
En la reunión con los legisladores, Rapoport le pidió al concejo deliberante que revisara las ordenanzas municipales para adecuarlas a la normativa nacional vigente y a la totalidad de acuerdos y convenios internacionales suscritos por nuestro país.
En declaraciones a los medios locales el fiscal, representante del Ministerio Público Fiscal, también dijo: “los fiscales representamos los intereses generales de la sociedad, por ello he solicitado que se deroguen las ordenanzas que habilitan las actividades toleradas y en pleno siglo XXI no podemos seguir tolerando”.
El encuentro, que contó además con la presencia de funcionarios municipales, fue presidido por la presidenta del Concejo Deliberante, Miriam Boyadjian y además participaron concejales como Héctor Moncho Garay; Alejandro Nogar; Mauricio Oyarzo; y Esteban “Chiquito Martínez”. También participó el secretario de Gobierno, Paulino Rossi.
Fuente: Infojus
Se reunió el Viernes con legisladores del concejo deliberante local para pedir la derogación o modificación de ordenanzas municipales que favorecen el delito de trata de personas para la explotación sexual.
Rapoport apuntó contra las normas que regulan el funcionamiento de prostíbulos escondiendo los fines de estos locales comerciales tras los eufemismos: casas de tolerancia, whiskerías, cabarets, boites, entre otros. Estos lugares están prohibidos hace 77 años por la denominada ley nacional de profilaxis. Para el fiscal, según las ordenanzas vigentes, “en Río Grande la explotación sexual de personas se encuentra reglamentada”.
En la provincia las mujeres son contratas como “coperas” y los “administradores” de los locales deben exigirles libretas sanitarias que son diferentes a las de aquellas trabajadoras que manipulan alimentos, por ejemplo. “El sistema reglamentarista permite las casas de tolerancia, que las mujeres tengan una libreta sanitaria, esto sucedió hasta el año 1937 en Argentina. Con la Ley 12.331, se pasa al sistema abolicionista, es decir a abolir la prostitución, que implica perseguir al proxeneta, a quien regentea las casas de tolerancia, a quien regentea mujeres, pero no persigue a las mujeres, que son en estos casos, siempre víctimas y tampoco persigue al consumidor/cliente”, dijo Rapoport en declaraciones a una radio local.
Tierra Del Fuego es una provincia vinculada al delito de trata, particularmente como una zona de explotación. Hace quince días, en otra parte de la provincia, en la ciudad de Usuhaia, fueron rescatadas doce víctimas de trata. Entre ellas había argentinas, peruanas, dominicanas y paraguayas. Varias aseguraron que trabajaban como “mozas” y acudieron al sindicato para reclamar por su “fuente de trabajo”.
En la reunión con los legisladores, Rapoport le pidió al concejo deliberante que revisara las ordenanzas municipales para adecuarlas a la normativa nacional vigente y a la totalidad de acuerdos y convenios internacionales suscritos por nuestro país.
En declaraciones a los medios locales el fiscal, representante del Ministerio Público Fiscal, también dijo: “los fiscales representamos los intereses generales de la sociedad, por ello he solicitado que se deroguen las ordenanzas que habilitan las actividades toleradas y en pleno siglo XXI no podemos seguir tolerando”.
El encuentro, que contó además con la presencia de funcionarios municipales, fue presidido por la presidenta del Concejo Deliberante, Miriam Boyadjian y además participaron concejales como Héctor Moncho Garay; Alejandro Nogar; Mauricio Oyarzo; y Esteban “Chiquito Martínez”. También participó el secretario de Gobierno, Paulino Rossi.
Fuente: Infojus
Les quiere arruinar el negocio a la poli y a la llamada justicia.
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