El programa argentino de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner serán expuestos mañana en la apertura del 30 Simposio Internacional anual de la Universidad de Cambridge sobre delitos Económicos.
La disertación estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien asistirá al encuentro acompañado por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El principal foro académico mundial en la materia, integrado por la prestigiosa casa de altos estudios e instituciones de investigación de todo el mundo, invitó al Gobierno argentino a presentar el que considera un exitoso plan, que le ha valido al país el reconocimiento de la comunidad internacional.
La invitación destaca las políticas de Estado soberanas implementadas por la administración nacional. La misiva reconoce los “exitosos esfuerzos realizados por la República Argentina en el reciente encuentro del GAFI, que han sido aplaudidos internacionalmente. Por este motivo, estamos interesados en aprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre cómo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero”.
También se refiere a la situación financiera internacional. Destaca que “parecería ser que estamos en una encrucijada y esta experiencia es muy pertinente y seguramente será bien recibida”.
El Plan de Acción argentino fue presentado ante el GAFI en febrero de 2011, y contempla un conjunto de medidas y reformas destinadas a fortalecer los sistemas locales de prevención, investigación y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la manipulación de mercados, entre otros delitos de carácter económico financiero.
En el término del último año, el gobierno federal ha puesto en vigencia, con el acompañamiento del Congreso de la Nación, la ley 26.683, que creó la figura del autolavado de activos, y las leyes 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal las más novedosas previsiones en el ámbito de los delitos contra el orden económico y financiero y el financiamiento del terrorismo.
En el plenario realizado en febrero en París, el GAFI había felicitado al país por la sanción y promulgación de esas reformas normativas, que proveyeron instrumentos jurídicos más eficientes para el control, la prevención y la sanción de delitos económico-financieros.
En tanto, en la última sesión plenaria del organismo, celebrada el pasado junio en Roma, volvió a felicitar a la Argentina por el “progreso continuo” y las “importantes” medidas tomadas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ocasión en la que destacó especialmente el decreto presidencial que reglamentó el congelamiento de activos relacionados con esas actividades ilícitas transnacionales. Esa medida ha sido tomada como modelo para ser replicado por otros estados.
En ese proceso, una batería de reformas administrativas instrumentadas en los últimos dos años han dotado a la Unidad de Información Financiera (la agencia antilavado argentina) de mayor fortaleza y capacidad operativa, lo que ha aumentado sensiblemente su actividad de control y sanción.
Asimismo, la jefa de Estado creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, con el objetivo de contar con una herramienta que permite identificar, registrar, valuar y localizar la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.
La recuperación de los activos de origen ilícito es considerada una acción vital, tanto en términos reparatorios de las víctimas como para evitar que las organizaciones criminales reutilicen las ganancias de sus actividades ilícitas.
Para garantizar la correcta implementación de todas estas medidas, la Presidenta creó, también, el Programa Nacional de Monitoreo en la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El simposio al que fue invitado el gobierno argentino se llevará a cabo desde mañana lunes, en el Jesus College de la tradicional Universidad de Cambridge, fundada en el Siglo XI, donde se congregan anualmente unos 1.500 participantes académicos, legisladores y jueces de más de 90 naciones, entre ellas, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Rusia, China, India y Brasil.
A lo largo de tres décadas, el encuentro se ha convertido en el foro internacional más destacado en la materia y en una herramienta fundamental para la auténtica promoción a nivel mundial de las cuestiones prácticas relacionadas con la prevención y el control de los delitos económicos, facilitando la cooperación y la articulación del saber académico con las experiencias de prevención y sanción de los delitos complejos.
La organización está a cargo de prestigiosos académicos e instituciones de investigación de todo el mundo, con plena autonomía de cualquier agencia gubernamental u organismo internacional.
La disertación estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien asistirá al encuentro acompañado por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El principal foro académico mundial en la materia, integrado por la prestigiosa casa de altos estudios e instituciones de investigación de todo el mundo, invitó al Gobierno argentino a presentar el que considera un exitoso plan, que le ha valido al país el reconocimiento de la comunidad internacional.
La invitación destaca las políticas de Estado soberanas implementadas por la administración nacional. La misiva reconoce los “exitosos esfuerzos realizados por la República Argentina en el reciente encuentro del GAFI, que han sido aplaudidos internacionalmente. Por este motivo, estamos interesados en aprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre cómo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero”.
También se refiere a la situación financiera internacional. Destaca que “parecería ser que estamos en una encrucijada y esta experiencia es muy pertinente y seguramente será bien recibida”.
El Plan de Acción argentino fue presentado ante el GAFI en febrero de 2011, y contempla un conjunto de medidas y reformas destinadas a fortalecer los sistemas locales de prevención, investigación y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la manipulación de mercados, entre otros delitos de carácter económico financiero.
En el término del último año, el gobierno federal ha puesto en vigencia, con el acompañamiento del Congreso de la Nación, la ley 26.683, que creó la figura del autolavado de activos, y las leyes 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal las más novedosas previsiones en el ámbito de los delitos contra el orden económico y financiero y el financiamiento del terrorismo.
En el plenario realizado en febrero en París, el GAFI había felicitado al país por la sanción y promulgación de esas reformas normativas, que proveyeron instrumentos jurídicos más eficientes para el control, la prevención y la sanción de delitos económico-financieros.
En tanto, en la última sesión plenaria del organismo, celebrada el pasado junio en Roma, volvió a felicitar a la Argentina por el “progreso continuo” y las “importantes” medidas tomadas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ocasión en la que destacó especialmente el decreto presidencial que reglamentó el congelamiento de activos relacionados con esas actividades ilícitas transnacionales. Esa medida ha sido tomada como modelo para ser replicado por otros estados.
En ese proceso, una batería de reformas administrativas instrumentadas en los últimos dos años han dotado a la Unidad de Información Financiera (la agencia antilavado argentina) de mayor fortaleza y capacidad operativa, lo que ha aumentado sensiblemente su actividad de control y sanción.
Asimismo, la jefa de Estado creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, con el objetivo de contar con una herramienta que permite identificar, registrar, valuar y localizar la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.
La recuperación de los activos de origen ilícito es considerada una acción vital, tanto en términos reparatorios de las víctimas como para evitar que las organizaciones criminales reutilicen las ganancias de sus actividades ilícitas.
Para garantizar la correcta implementación de todas estas medidas, la Presidenta creó, también, el Programa Nacional de Monitoreo en la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El simposio al que fue invitado el gobierno argentino se llevará a cabo desde mañana lunes, en el Jesus College de la tradicional Universidad de Cambridge, fundada en el Siglo XI, donde se congregan anualmente unos 1.500 participantes académicos, legisladores y jueces de más de 90 naciones, entre ellas, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Rusia, China, India y Brasil.
A lo largo de tres décadas, el encuentro se ha convertido en el foro internacional más destacado en la materia y en una herramienta fundamental para la auténtica promoción a nivel mundial de las cuestiones prácticas relacionadas con la prevención y el control de los delitos económicos, facilitando la cooperación y la articulación del saber académico con las experiencias de prevención y sanción de los delitos complejos.
La organización está a cargo de prestigiosos académicos e instituciones de investigación de todo el mundo, con plena autonomía de cualquier agencia gubernamental u organismo internacional.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentarios con Insultos o Agravios personales no serán publicados.