Por J. Daniel Guzmán:
Añorando que el país regrese a la política de seducción de los 90 que puso en marcha hacia los Kelpers el innombrable riojano de la mano de su Ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, un grupo minúsculo de comerciantes y empresarios argentinos y fueguinos en particular, se oponen subrepticiamente a que una ley de la Provincia prohiba que los cruceros de bandera inglesa o de conveniencia operen en los puertos de Tierra Del Fuego, si antes o después lo hacen también en las Islas Malvinas.
Como argumento, esgrimen que la Ley “Gaucho Rivero” no ayuda a resolver el reclamo de soberanía que defiende nuestro País ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas; que lo único que hace la Ley es disminuir los ingresos turísticos (los suyos y los ajenos) y que además, espanta a las empresas internacionales ante la falta de garantías jurídicas.
Todo ello no sin un alto grado de cinismo e hipocresía. Porque mientras por lo alto ofician de voceros de las empresas inglesas y no solo de sus propios intereses; por lo bajo le piden ayuda a los hombres de la prensa para no quedar expuestos, para que sus amigos no les formulen reprochen y sus hijos no los interroguen.
“Yo sería el primero en subirme a un barco para ir hasta Malvinas e izar la bandera nacional si con ello recuperáramos la soberanía de las islas. Voy nadando si es necesario”, amenazan desafiantes por teléfono, en un parloteo de bajo contenido y de poca seriedad que va a contramano con sus propios actos.
Desde esa posición, mezcla falsa de preocupación por el bien común y de patriotismo, inflan el impacto económico de los dos cruceros que abrían desistido de venir a Ushuaia durante la presente temporada. Agoreros, ya pronostican que unos 18.000 turistas dejarían de venir por la aplicación de la “Gaucho Rivero”, sin blanquear que esos cruceristas solo permanecen 12 horas promedio y que el grueso de las ganancias, se las quedan las propias empresas operadora junto con las agencias mayoristas extranjeras, y no el destino.
Resulta curioso que en este debate por la aplicación de la Ley 852 (ver), se vaticinen reducción de ingresos por la disminución de cruceristas, pero que a ninguno de estos patriotas se le haya ocurrido sincerarse respecto a la facturación de las compañías navieras por la explotación turística de Malvinas y las Georgias a partir de su naturaleza y su paisaje. Que en definitiva, es la base que no solo sostiene a la ley sino que también dio vida a toda la solidaridad de América Latina y el Caribe, cuando en bloque impide la operación de barcos que hagan apoyo logístico a las petroleras que roban nuestros hidrocarburos.
Frente a esta realidad hemisférica, ante el innegable saqueo y a la usurpación, la discusión sobre si el turismo es o no un recurso natural cae en abstracta, o al menos pone en clara evidencia la pobreza del debate.
Emulando al Grupo Clarín que huye en una desenfrenada carrera contra el tiempo por no cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; las empresas, representantes en Argentina de esas grandes compañías navieras, junto a ese minúsculo sector local de empresarios y comerciantes ligados al turismo, patriotas todos; le escapan a la “Gaucho Rivero” argumentando que una resolución o un decreto de Cancillería habilita a estos barcos a ir y venir a sus anchas, contradiciendo lo que aprobaron los parlamentos de las provincias de Tierra del Fuego, Chubut y Buenos Aires. Pero haciéndose los distraídos cuando el Gobierno Nacional de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner – que nunca se había pronunciado sobre la Ley, ni cuando fue promulgada, ni cuando fue aplicada el 27 de febrero–, habló a principio de mes desde Londres, cuando a través nuestra embajadora en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alicia Castro dijo, no sólo que la República Argentina “no ha incurrido en violación alguna de sus compromisos internacionales”, sino que las “las legislaciones provinciales (…) regulan la navegación de cabotaje entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, tienen por objeto proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción, y rechazar las ilegítimas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas en la plataforma continental argentina”.
Frente a esta mercantilización de la soberanía, que se contrapone con la defensa pacífica en todos los terrenos de nuestros derechos imprescriptibles sobre Malvinas, no debería haber dudas en qué lugar estar parados en esta sociedad que mayoritariamente prefiere tener menos plata, si el costo de conseguirla significa perder su dignidad.
Lejos, muy lejos estamos de aquel diciembre de 1998 en que el canciller de Carlos Menem jugaba a la diplomacia mandando regalos navideños a los Kelpers. Se acabaron, o será culpa de Guillermo Moreno; pero la verdad es que no hay más ositos Winnie Phoo.
Fuente: Diario del Fin del Mundo
Añorando que el país regrese a la política de seducción de los 90 que puso en marcha hacia los Kelpers el innombrable riojano de la mano de su Ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, un grupo minúsculo de comerciantes y empresarios argentinos y fueguinos en particular, se oponen subrepticiamente a que una ley de la Provincia prohiba que los cruceros de bandera inglesa o de conveniencia operen en los puertos de Tierra Del Fuego, si antes o después lo hacen también en las Islas Malvinas.
Como argumento, esgrimen que la Ley “Gaucho Rivero” no ayuda a resolver el reclamo de soberanía que defiende nuestro País ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas; que lo único que hace la Ley es disminuir los ingresos turísticos (los suyos y los ajenos) y que además, espanta a las empresas internacionales ante la falta de garantías jurídicas.
Todo ello no sin un alto grado de cinismo e hipocresía. Porque mientras por lo alto ofician de voceros de las empresas inglesas y no solo de sus propios intereses; por lo bajo le piden ayuda a los hombres de la prensa para no quedar expuestos, para que sus amigos no les formulen reprochen y sus hijos no los interroguen.
“Yo sería el primero en subirme a un barco para ir hasta Malvinas e izar la bandera nacional si con ello recuperáramos la soberanía de las islas. Voy nadando si es necesario”, amenazan desafiantes por teléfono, en un parloteo de bajo contenido y de poca seriedad que va a contramano con sus propios actos.
Desde esa posición, mezcla falsa de preocupación por el bien común y de patriotismo, inflan el impacto económico de los dos cruceros que abrían desistido de venir a Ushuaia durante la presente temporada. Agoreros, ya pronostican que unos 18.000 turistas dejarían de venir por la aplicación de la “Gaucho Rivero”, sin blanquear que esos cruceristas solo permanecen 12 horas promedio y que el grueso de las ganancias, se las quedan las propias empresas operadora junto con las agencias mayoristas extranjeras, y no el destino.
Resulta curioso que en este debate por la aplicación de la Ley 852 (ver), se vaticinen reducción de ingresos por la disminución de cruceristas, pero que a ninguno de estos patriotas se le haya ocurrido sincerarse respecto a la facturación de las compañías navieras por la explotación turística de Malvinas y las Georgias a partir de su naturaleza y su paisaje. Que en definitiva, es la base que no solo sostiene a la ley sino que también dio vida a toda la solidaridad de América Latina y el Caribe, cuando en bloque impide la operación de barcos que hagan apoyo logístico a las petroleras que roban nuestros hidrocarburos.
Frente a esta realidad hemisférica, ante el innegable saqueo y a la usurpación, la discusión sobre si el turismo es o no un recurso natural cae en abstracta, o al menos pone en clara evidencia la pobreza del debate.
Emulando al Grupo Clarín que huye en una desenfrenada carrera contra el tiempo por no cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; las empresas, representantes en Argentina de esas grandes compañías navieras, junto a ese minúsculo sector local de empresarios y comerciantes ligados al turismo, patriotas todos; le escapan a la “Gaucho Rivero” argumentando que una resolución o un decreto de Cancillería habilita a estos barcos a ir y venir a sus anchas, contradiciendo lo que aprobaron los parlamentos de las provincias de Tierra del Fuego, Chubut y Buenos Aires. Pero haciéndose los distraídos cuando el Gobierno Nacional de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner – que nunca se había pronunciado sobre la Ley, ni cuando fue promulgada, ni cuando fue aplicada el 27 de febrero–, habló a principio de mes desde Londres, cuando a través nuestra embajadora en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alicia Castro dijo, no sólo que la República Argentina “no ha incurrido en violación alguna de sus compromisos internacionales”, sino que las “las legislaciones provinciales (…) regulan la navegación de cabotaje entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, tienen por objeto proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción, y rechazar las ilegítimas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas en la plataforma continental argentina”.
Frente a esta mercantilización de la soberanía, que se contrapone con la defensa pacífica en todos los terrenos de nuestros derechos imprescriptibles sobre Malvinas, no debería haber dudas en qué lugar estar parados en esta sociedad que mayoritariamente prefiere tener menos plata, si el costo de conseguirla significa perder su dignidad.
Lejos, muy lejos estamos de aquel diciembre de 1998 en que el canciller de Carlos Menem jugaba a la diplomacia mandando regalos navideños a los Kelpers. Se acabaron, o será culpa de Guillermo Moreno; pero la verdad es que no hay más ositos Winnie Phoo.
Fuente: Diario del Fin del Mundo
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