El Poder Ejecutivo Nacional ordenó autorizar el acceso a la información contenida en la Base de Datos de Antecedentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la que podrán acceder, entre otros, los organismos de derechos humanos “que acrediten interés legítimo en función de su actuación y trayectoria en la colaboración judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
De acuerdo al Decreto 2704/2015 (ver), podrán solicitar esa información “las personas físicas, respecto de informaciones referentes a sí mismas; los padres, madres, hijos o el cónyuge supérstite del causante, respecto a la información referente a su representado; y los organismos de derechos humanos, que acrediten interés legítimo, en función de su actuación y trayectoria en la colaboración judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
Aclara que queda exceptuada de esta decisión toda aquella información que “afecte la seguridad interior, la defensa nacional o la política exterior; involucre información correspondiente a servicios de inteligencia extranjeros; involucre datos personales de terceros; refiera a agentes de la ex Secretaría de Inteligencia y de la Agencia Federal de Inteligencia o pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”.
Tampoco se brindará información que “pudiere interferir en investigaciones judiciales en curso” o si la misma “hubiere sido obtenida a partir de la actuación de la ex Secretaría de Inteligencia como auxiliar de justicia, salvo que se contare con autorización judicial para brindarla”. El Decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece también que “la información que se provea conforme al presente procedimiento continuará estando alcanzada por las previsiones de los artículos 16, 16 quater y 17 de la Ley N° 25.520 modificada por la Ley N° 27.126 (ver), quedando vedada su divulgación o su reproducción por cualquier medio”.
Se destaca “que conforme a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003, este gobierno nacional presta la mayor colaboración a las causas que tienen por objeto investigar y reprimir los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, y ha tomado diversas medidas para favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados con la violación de derechos humanos”.
En ese marco, se añade “el Poder Ejecutivo Nacional ha prestado la mayor colaboración a las investigaciones jurisdiccionales relevando el secreto y la confidencialidad de la información en numerosas causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos y los atentados terroristas del 17 de marzo de 1992 contra la embajada del Estado de Israel y del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, así como en otros trágicos sucesos históricos de trascendencia pública”.
Por otra parte, se indica que la mencionada base de datos, “cuyo origen data de épocas remotas, contiene información histórica de diversas personas, que fuera ingresada (...) en distintos períodos y que se encuentra en diferentes estados de conservación (...)".
Asimismo, se destaca que “que a partir de la reforma estructural iniciada en la Agencia Federal de Inteligencia, se procedió a analizar dicha base histórica de datos de antecedentes, concluyendo que, por el tenor y datación de la información allí volcada, en principio estaría en condiciones de ser puesta en conocimiento de las personas y organismos de derechos humanos que cuenten con interés legítimo”.
De acuerdo al Decreto 2704/2015 (ver), podrán solicitar esa información “las personas físicas, respecto de informaciones referentes a sí mismas; los padres, madres, hijos o el cónyuge supérstite del causante, respecto a la información referente a su representado; y los organismos de derechos humanos, que acrediten interés legítimo, en función de su actuación y trayectoria en la colaboración judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
Aclara que queda exceptuada de esta decisión toda aquella información que “afecte la seguridad interior, la defensa nacional o la política exterior; involucre información correspondiente a servicios de inteligencia extranjeros; involucre datos personales de terceros; refiera a agentes de la ex Secretaría de Inteligencia y de la Agencia Federal de Inteligencia o pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”.
Tampoco se brindará información que “pudiere interferir en investigaciones judiciales en curso” o si la misma “hubiere sido obtenida a partir de la actuación de la ex Secretaría de Inteligencia como auxiliar de justicia, salvo que se contare con autorización judicial para brindarla”. El Decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece también que “la información que se provea conforme al presente procedimiento continuará estando alcanzada por las previsiones de los artículos 16, 16 quater y 17 de la Ley N° 25.520 modificada por la Ley N° 27.126 (ver), quedando vedada su divulgación o su reproducción por cualquier medio”.
Se destaca “que conforme a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003, este gobierno nacional presta la mayor colaboración a las causas que tienen por objeto investigar y reprimir los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, y ha tomado diversas medidas para favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados con la violación de derechos humanos”.
En ese marco, se añade “el Poder Ejecutivo Nacional ha prestado la mayor colaboración a las investigaciones jurisdiccionales relevando el secreto y la confidencialidad de la información en numerosas causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos y los atentados terroristas del 17 de marzo de 1992 contra la embajada del Estado de Israel y del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, así como en otros trágicos sucesos históricos de trascendencia pública”.
Por otra parte, se indica que la mencionada base de datos, “cuyo origen data de épocas remotas, contiene información histórica de diversas personas, que fuera ingresada (...) en distintos períodos y que se encuentra en diferentes estados de conservación (...)".
Asimismo, se destaca que “que a partir de la reforma estructural iniciada en la Agencia Federal de Inteligencia, se procedió a analizar dicha base histórica de datos de antecedentes, concluyendo que, por el tenor y datación de la información allí volcada, en principio estaría en condiciones de ser puesta en conocimiento de las personas y organismos de derechos humanos que cuenten con interés legítimo”.
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