La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió hoy que el protocolo "antipiquetes" anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una "muestra clara" de que la represión es "el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha" y exigió su "inmediata derogación".
"El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Bullrich apenas 24 horas después de que el ministro de economía (Luis Caputo) licuara en más del 120% los ingresos de las familias argentinas es la muestra más clara de que la represión es el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha", advirtió la organización en un comunicado difundido hoy en sus redes sociales.
Desde la Correpi exigieron "su inmediata derogación" al definir a la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad "como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías".
"Se prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia", remarcaron.
En tanto, desde la organización hicieron responsables "al Estado Nacional y los provinciales y de la Ciudad que actúen en forma similar de las consecuencias que acarree esta política de represión en perjuicio de personas y organizaciones".
En un extenso escrito, sostienen que se impone, como en 2016, "un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales".
Fuente: Télam.
"El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Bullrich apenas 24 horas después de que el ministro de economía (Luis Caputo) licuara en más del 120% los ingresos de las familias argentinas es la muestra más clara de que la represión es el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha", advirtió la organización en un comunicado difundido hoy en sus redes sociales.
Desde la Correpi exigieron "su inmediata derogación" al definir a la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad "como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías".
"Se prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia", remarcaron.
En tanto, desde la organización hicieron responsables "al Estado Nacional y los provinciales y de la Ciudad que actúen en forma similar de las consecuencias que acarree esta política de represión en perjuicio de personas y organizaciones".
En un extenso escrito, sostienen que se impone, como en 2016, "un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales".
Fuente: Télam.
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