El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró ayer un paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero, que incluirá una movilización al Congreso en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei.
Además, aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir "su acompañamiento" contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.
También decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par, la CTA Autónoma) para articular acciones conjuntas, y facultó al consejo directivo nacional para aprobar "las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación".
Este último punto de la resolución del Confederal implica que el consejo directivo podrá adoptar las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad.
El máximo órgano ejecutivo de la central obrera sesionó ayer al mediodía para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero a partir de las 12.
Hasta el miércoles las fuentes gremiales habían señalado a Télam que la aplicación de ese plan de acción iba a ser "gradual" y comenzaría con "el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas".
Además, los informantes dijeron que la CGT se encargaría de "monitorear" el clima social durante enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero, pero esa presión determinó adelantar la fecha para el 24 de enero.
Fuente: Télam.
Además, aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir "su acompañamiento" contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.
También decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par, la CTA Autónoma) para articular acciones conjuntas, y facultó al consejo directivo nacional para aprobar "las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación".
Este último punto de la resolución del Confederal implica que el consejo directivo podrá adoptar las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad.
El máximo órgano ejecutivo de la central obrera sesionó ayer al mediodía para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero a partir de las 12.
Hasta el miércoles las fuentes gremiales habían señalado a Télam que la aplicación de ese plan de acción iba a ser "gradual" y comenzaría con "el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas".
Además, los informantes dijeron que la CGT se encargaría de "monitorear" el clima social durante enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero, pero esa presión determinó adelantar la fecha para el 24 de enero.
Fuente: Télam.
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