Hoy se cumplen 3 años (ver) de la ilegal y arbitraria Detención de la Mujer Indígena, Dirigente Social y Diputada del Parlasur, Milagro Sala.
Se han pronunciado exigiendo su libertad numerosos organismos nacionales e internacionales, como la ONU (ver), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (ver), Amnistía Internacional (ver), Human Right Wacht (ver) y (ver), el Vaticano (ver), la Organización de los Estados Americanos (OEA) (ver) y hasta los Estados Unidos (ver).
El 16 de enero de 2016, a poco más de un mes de asumir Mauricio Macri el gobierno nacional y Gerardo Morales el de la provincia de Jujuy, detuvieron a la dirigente de la Tupac Amaru por encabezar un acampe de protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. “Instigación a cometer delitos” y “tumulto”, plasmaron en la letra del oficio judicial que dio inicio a una serie de causas impulsadas por la Justicia jujeña para que los motivos de su privación ilegal de la libertad tuvieran algún tipo de sustento.
Por el acampe, se le indicó que debía pagar una multa y que quedaba “inhabilitada para ser electa en organizaciones sociales y políticas por tres años”. Así, se la proscribió hasta que terminara el mandato de Morales. Más tarde fue condenada por su supuesta responsabilidad en la organización un escrache en el año 2009 contra el entonces senador Morales, hecho del que la militante social no participó.
Milagro Sala estuvo casi la totalidad de estos tres años en una cárcel común, donde denunció tormentos por parte de quienes debían resguardar su integridad física y psicológica: requisas en horarios nocturnos, imposibilidad de recibir visitas y castigos infundados con consecuencias clínicas para la salud de la dirigente.
Se han pronunciado exigiendo su libertad numerosos organismos nacionales e internacionales, como la ONU (ver), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (ver), Amnistía Internacional (ver), Human Right Wacht (ver) y (ver), el Vaticano (ver), la Organización de los Estados Americanos (OEA) (ver) y hasta los Estados Unidos (ver).
El 16 de enero de 2016, a poco más de un mes de asumir Mauricio Macri el gobierno nacional y Gerardo Morales el de la provincia de Jujuy, detuvieron a la dirigente de la Tupac Amaru por encabezar un acampe de protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. “Instigación a cometer delitos” y “tumulto”, plasmaron en la letra del oficio judicial que dio inicio a una serie de causas impulsadas por la Justicia jujeña para que los motivos de su privación ilegal de la libertad tuvieran algún tipo de sustento.
Por el acampe, se le indicó que debía pagar una multa y que quedaba “inhabilitada para ser electa en organizaciones sociales y políticas por tres años”. Así, se la proscribió hasta que terminara el mandato de Morales. Más tarde fue condenada por su supuesta responsabilidad en la organización un escrache en el año 2009 contra el entonces senador Morales, hecho del que la militante social no participó.
Milagro Sala estuvo casi la totalidad de estos tres años en una cárcel común, donde denunció tormentos por parte de quienes debían resguardar su integridad física y psicológica: requisas en horarios nocturnos, imposibilidad de recibir visitas y castigos infundados con consecuencias clínicas para la salud de la dirigente.
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