A pesar de las acciones encaradas desde el Estado fueguino la crisis habitacional sigue afectando a nuestra provincia. Además de las políticas adoptadas a nivel local existen proyectos de ley a nivel nacional que buscan garantizar el acceso a la vivienda digna. La planificación territorial, la vivienda y producción social del hábitat, la regularización dominial y los desalojos son los temas que se están debatiendo actualmente. Los impulsores de las iniciativas disertaron en Tierra del Fuego recientemente.
El problema habitacional de Tierra del Fuego se fue agravando, paradójicamente, desde que la provincia comenzó a generar puestos de trabajo y el flujo migratorio desbordó las posibilidades habitables de la isla no sólo por los altos costos del mercado inmobiliario sino también por la falta de políticas de Estado que abordaran integralmente la demanda habitacional.
Desde el Gobierno provincial se generaron algunas herramientas tendientes a paliar el problema, se hizo lo propio desde los municipios.
Sin embargo el tema está lejos de ser resuelto y distintas entidades bregan por el acceso a la vivienda digna.
Este fin de semana, en Ushuaia y Río Grande, se desarrollaron las jornadas de presentación y debate de los proyectos de ley impulsados por Habitar un ente multisectorial que lucha por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat. Organizadas por Habitar Argentina y apoyadas por los senadores fueguinos María Rosa Díaz y Osvaldo López (ambos de Encuentro Popular) intentaron difundir las acciones que se están impulsando para dar respuestas a los sectores poblacionales excluidos que, debido a diversos factores (principalmente económicos) se ven imposibilitados de acceder a una vivienda digna.
Existen cuatro proyectos de ley que se relacionan con los siguientes temas: planificación territorial, vivienda y producción social del hábitat, regularización dominial y desalojos.
Los cuatro puntos precitados fueron expuestos por distintos panelistas durante la jornada.
Con respecto a la necesidad de una ley de ordenamiento territorial nacional, el arquitecto Raúl Fernández Wagner, indicó que “Argentina no cuenta con una ley marco a nivel nacional, por lo que el Estado regula lo territorial mediante normas dispersas que legislan de manera sectorial”. También remarcó que “existe una desigual distribución de la infraestructura y los servicios a nivel nacional”. Otros puntos enfatizados por Fernández Wagner se relacionaron con la dificultad creciente en el acceso a la tierra, a una vivienda adecuada y a los servicios y equipamientos para gran parte de la población, como así también las alzas del precio del suelo que dificultan el acceso de los sectores populares y los desplazan junto a la vivienda social hacia localizaciones cada vez más segregadas. A través de la ley de ordenamiento territorial nacional se busca plantear un marco normativo que guié las políticas de ordenamiento territorial del país definiendo el ordenamiento territorial como una función pública, destacando la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso de urbanización.
Por otra parte, a través del proyecto de vivienda y producción social del hábitat se busca facilitar las herramientas (regulación, planificación a largo plazo, financiamiento, coordinación y concertación entre sectores públicos, social y privado) para que toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, pueda gozar en forma efectiva del derecho al hábitat.
Los disertantes explicaron que existe un proyecto de ley tendiente a fomentar y promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio nacional incluyendo la creación de un Fondo Nacional para la Regularización Urbana y Dominial y un Programa Nacional de Regularización Urbana y Dominial para administrarlo y ejecutarlo.
Por último, se habló del proyecto de ley sobre desalojos. Este busca que se realicen reformas legales y se implementen políticas públicas para dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos, en plazos concretos, especialmente los establecidos en la Observación General número 4 y número 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. La moción prevé derogar los desalojos express, garantizar el acceso a la justicia de los afectados. También contempla la modificación del artículo 6 de la Ley 26.589 para establecer la mediación obligatoria entre las partes con la intervención de los organismos estatales que puedan brindar soluciones habitacionales frente al desalojo.
Seguí los proyectos en el Senado
Ingresando a (http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/cuerpo1.php), seleccionando la opción “por número de expediente” e indicando el número de expediente, podés acceder a los textos completos de las mociones vigentes.
Expediente 2820/11. Proyecto de ley creando el programa nacional de regularización dominial.
Expediente 2821/11. Proyecto de ley creando el sistema integral de políticas para la vivienda y el hábitat y el fondo para la producción social del hábitat.
Expediente 2826/11. Proyecto de ley de ordenamiento territorial nacional.
Expediente 2847/11. Proyecto de ley modificando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de la regularización del proceso de desalojo.
Misión imposible
Alquilar se hace cada vez más difícil en nuestra provincia debido a los elevados costos del mercado. La mayor parte de las inmobiliarias impone requisitos muy altos por lo cual para poder alquilar a través de una inmobiliaria el potencial inquilino debe contar con ingresos salariales altísimos, además de garantías que muchas veces son imposibles de conseguir. En el mercado informal los costos son más bajos y los requisitos más flexibles, sin embargo los costos mensuales de la renta, aun en este contexto, siguen siendo altos para la población. La especulación del mercado no sólo se evidencia en los exorbitantes costos sino también en la calidad de los inmuebles ofrecidos que, muchas veces, no cumplen con los requisitos mínimos e indispensables establecidos por los códigos de planeamiento urbano. Los inquilinos, entonces, pagan precios elevados por viviendas precarias.
En Ushuaia el costo de los alquileres es altísimo incluso en aquellas viviendas que se encuentran alejadas de la zona céntrica. Un dúplex sobre la avenida Héroes de Malvinas al 1400 cuesta 3 mil pesos mensuales; un departamento en la calle Bouchard, 2.900 pesos y las casas de varios dormitorios superan los 6 mil pesos mensuales.
Todo esto a pesar de que según el Censo 2010, el valor del alquiler promedio abonado por hogar 1653,56 pesos.
Si alquilar es complicado, comprar una vivienda es imposible. El costo de las casas ofrecidas a través del mercado inmobiliario formal no baja de los 500 mil pesos llegando muchas veces a rozar el millón.
Cronología de la emergencia
El 12 de julio de 2007 los legisladores fueguinos sancionaron el proyecto de ley que declaró la emergencia habitacional y urbano ambiental en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego con el objeto de consensuar y aplicar soluciones eficaces frente a la crisis declarada, que conciliaran los parámetros del derecho a la vida, la dignidad, el desarrollo humano y el acceso a la vivienda. Esa misma ley creó una mesa institucional conformada por representantes de distintos estamentos gubernamentales que, además, incluyó a organizaciones sociales y barriales comprometidas con el tema. La norma también estableció la prohibición de medidas expulsivas de los asentamientos humanos existentes en tierras fiscales.
En 2008 el Gobierno, a través de la ley 766, dio continuidad a las políticas implementadas el año anterior y trató de afianzarlas. Para eso no sólo prorrogó la emergencia urbano ambiental y suspendió los desalojos de las personas en estado de vulnerabilidad socio-económico-habitacional sino que además instauró un Fondo Provincial de Fomento conformado por el diez por ciento en concepto de impuesto a los ingresos brutos recaudado por la Dirección General de Rentas de Tierra del Fuego. Determinó así la priorización de recursos financieros, técnicos, humanos y logísticos a la producción de suelo urbano. Esto implicó procesos de urbanización y consolidación urbana a través de la compra de tierras, apertura de calles o pasajes, alumbrado público, equipamiento y cualificación de espacios públicos, tendido de redes de servicios esenciales. La ley 766 también dispuso la realización de un relevamiento muestral poblacional provincial, a llevarse a cabo durante el 2009, a cargo de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia.
Estas políticas se vieron prorrogadas por la ley 789, promulgada en septiembre de 2009, que explicitaba la continuidad de gestión de las políticas y la asignación y ejecución de los recursos en un todo de acuerdo con la ley provincial 766, y por la ley 864, publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero de 2012, que prorrogó la emergencia hasta el 21 de diciembre del corriente.
Acciones a nivel municipal
En lo que a Ushuaia respecta, el Municipio también tomó medidas tendientes a paliar la crisis habitacional, se abrió el Registro de Demanda Habitacional a partir del cual los inscriptos, de acuerdo a un sistema de prelación (años de residencia en la ciudad, situación económico-social, familiares a cargo, etc.) pueden acceder a soluciones habitacionales. También se destinaron fondos para el ordenamiento urbano y se realizaron obras de tendido de servicios básicos en distintos puntos de la ciudad.
Un precedente importante en la materia fue la afectación de 174 hectáreas ubicadas en el valle de Andorra a la realización de un proyecto urbano integral que determine las intervenciones correspondientes a cada sector, según sus condiciones y potenciales generales. Esto fue establecido a través de la Ordenanza municipal 3926 sancionada en abril del año pasado por el Concejo Deliberante de Ushuaia.
La propuesta complementó las distintas alternativas que se fueron dando para paliar dicha crisis: Registro Único de Demanda Habitacional, Sistema de Puntajes, Convenio de Custodia, 64 hectáreas del Valle de Andorra, 50 hectáreas Los Alakalufes y 42 hectáreas Barrancas del Pipo.
La situación habitacional según el censo
De acuerdo al Censo de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010, en la última década la provincia experimento un crecimiento poblacional del 26 por ciento y aumentó en 5 veces el número de viviendas rancho.
Según el censo habitan Tierra del Fuego 124.048 personas y hay un total de 43.579 viviendas de las cuales 36.689 están habitadas.
Según el régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno, de un total de 38.956; se clasificaron como propietarios de la vivienda y el terreno 21.703 casos, como propietarios de la vivienda solamente 3.842 casos, como inquilinos 9.854 casos, como ocupantes por préstamo 1.750 casos, como ocupantes por relación de dependencia 956 casos y en otra situación 851 casos.
A nivel nacional el 34,2 por ciento de la población (más de 4 millones de personas) ocupa viviendas deficitarias por la calidad de los materiales. El 4,2 por ciento (más de medio millón de personas) está en viviendas irrecuperables. El hacinamiento de hogares alcanzó al 4 y al 7,3 por ciento de la población. El 16 por ciento no tiene red de agua, el 46 por ciento no cuenta con red cloacal y el 43,8 por ciento no posee red de gas. El promedio anual de nuevos hogares fue de 232.585 contra 127.323 en los censos anteriores.
Concejales participaron de las jornadas de hábitat
Los concejales radicales Viviana Guglielmi y Oscar Rubinos participaron de las jornadas organizadas por el espacio Habitar Argentina.
"Esto fue una convocatoria de los senadores María Rosa Díaz y Osvaldo López -contó la concejal Guglielmi- para informar a la comunidad sobre una serie de proyectos relacionados a la problemática habitacional, tema que para nosotros es de primordial importancia y que tenemos como política de estado desde el Ejecutivo".
La concejal radical dijo que "muchos de los planteos que se hacen en estos proyectos son similares a los que hacemos en el proyecto que presentamos con el bloque radical de la Legislatura, para la creación de un fondo específico para la problemática habitacional".
"Visto estos temas en común, aproveché para invitar formalmente a los senadores a que acompañen este proyecto de ley desde el lugar que ellos ocupan, puesto que será necesario involucrar fondos de Nación, ya que con un presupuesto municipal solamente, escasamente se puede abordar una problemática de estas características", finalizó.
Fuente: Diario Tiempo Fueguino
El problema habitacional de Tierra del Fuego se fue agravando, paradójicamente, desde que la provincia comenzó a generar puestos de trabajo y el flujo migratorio desbordó las posibilidades habitables de la isla no sólo por los altos costos del mercado inmobiliario sino también por la falta de políticas de Estado que abordaran integralmente la demanda habitacional.
Desde el Gobierno provincial se generaron algunas herramientas tendientes a paliar el problema, se hizo lo propio desde los municipios.
Sin embargo el tema está lejos de ser resuelto y distintas entidades bregan por el acceso a la vivienda digna.
Este fin de semana, en Ushuaia y Río Grande, se desarrollaron las jornadas de presentación y debate de los proyectos de ley impulsados por Habitar un ente multisectorial que lucha por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat. Organizadas por Habitar Argentina y apoyadas por los senadores fueguinos María Rosa Díaz y Osvaldo López (ambos de Encuentro Popular) intentaron difundir las acciones que se están impulsando para dar respuestas a los sectores poblacionales excluidos que, debido a diversos factores (principalmente económicos) se ven imposibilitados de acceder a una vivienda digna.
Existen cuatro proyectos de ley que se relacionan con los siguientes temas: planificación territorial, vivienda y producción social del hábitat, regularización dominial y desalojos.
Los cuatro puntos precitados fueron expuestos por distintos panelistas durante la jornada.
Con respecto a la necesidad de una ley de ordenamiento territorial nacional, el arquitecto Raúl Fernández Wagner, indicó que “Argentina no cuenta con una ley marco a nivel nacional, por lo que el Estado regula lo territorial mediante normas dispersas que legislan de manera sectorial”. También remarcó que “existe una desigual distribución de la infraestructura y los servicios a nivel nacional”. Otros puntos enfatizados por Fernández Wagner se relacionaron con la dificultad creciente en el acceso a la tierra, a una vivienda adecuada y a los servicios y equipamientos para gran parte de la población, como así también las alzas del precio del suelo que dificultan el acceso de los sectores populares y los desplazan junto a la vivienda social hacia localizaciones cada vez más segregadas. A través de la ley de ordenamiento territorial nacional se busca plantear un marco normativo que guié las políticas de ordenamiento territorial del país definiendo el ordenamiento territorial como una función pública, destacando la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso de urbanización.
Por otra parte, a través del proyecto de vivienda y producción social del hábitat se busca facilitar las herramientas (regulación, planificación a largo plazo, financiamiento, coordinación y concertación entre sectores públicos, social y privado) para que toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, pueda gozar en forma efectiva del derecho al hábitat.
Los disertantes explicaron que existe un proyecto de ley tendiente a fomentar y promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio nacional incluyendo la creación de un Fondo Nacional para la Regularización Urbana y Dominial y un Programa Nacional de Regularización Urbana y Dominial para administrarlo y ejecutarlo.
Por último, se habló del proyecto de ley sobre desalojos. Este busca que se realicen reformas legales y se implementen políticas públicas para dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos, en plazos concretos, especialmente los establecidos en la Observación General número 4 y número 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. La moción prevé derogar los desalojos express, garantizar el acceso a la justicia de los afectados. También contempla la modificación del artículo 6 de la Ley 26.589 para establecer la mediación obligatoria entre las partes con la intervención de los organismos estatales que puedan brindar soluciones habitacionales frente al desalojo.
Seguí los proyectos en el Senado
Ingresando a (http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/cuerpo1.php), seleccionando la opción “por número de expediente” e indicando el número de expediente, podés acceder a los textos completos de las mociones vigentes.
Expediente 2820/11. Proyecto de ley creando el programa nacional de regularización dominial.
Expediente 2821/11. Proyecto de ley creando el sistema integral de políticas para la vivienda y el hábitat y el fondo para la producción social del hábitat.
Expediente 2826/11. Proyecto de ley de ordenamiento territorial nacional.
Expediente 2847/11. Proyecto de ley modificando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de la regularización del proceso de desalojo.
Misión imposible
Alquilar se hace cada vez más difícil en nuestra provincia debido a los elevados costos del mercado. La mayor parte de las inmobiliarias impone requisitos muy altos por lo cual para poder alquilar a través de una inmobiliaria el potencial inquilino debe contar con ingresos salariales altísimos, además de garantías que muchas veces son imposibles de conseguir. En el mercado informal los costos son más bajos y los requisitos más flexibles, sin embargo los costos mensuales de la renta, aun en este contexto, siguen siendo altos para la población. La especulación del mercado no sólo se evidencia en los exorbitantes costos sino también en la calidad de los inmuebles ofrecidos que, muchas veces, no cumplen con los requisitos mínimos e indispensables establecidos por los códigos de planeamiento urbano. Los inquilinos, entonces, pagan precios elevados por viviendas precarias.
En Ushuaia el costo de los alquileres es altísimo incluso en aquellas viviendas que se encuentran alejadas de la zona céntrica. Un dúplex sobre la avenida Héroes de Malvinas al 1400 cuesta 3 mil pesos mensuales; un departamento en la calle Bouchard, 2.900 pesos y las casas de varios dormitorios superan los 6 mil pesos mensuales.
Todo esto a pesar de que según el Censo 2010, el valor del alquiler promedio abonado por hogar 1653,56 pesos.
Si alquilar es complicado, comprar una vivienda es imposible. El costo de las casas ofrecidas a través del mercado inmobiliario formal no baja de los 500 mil pesos llegando muchas veces a rozar el millón.
Cronología de la emergencia
El 12 de julio de 2007 los legisladores fueguinos sancionaron el proyecto de ley que declaró la emergencia habitacional y urbano ambiental en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego con el objeto de consensuar y aplicar soluciones eficaces frente a la crisis declarada, que conciliaran los parámetros del derecho a la vida, la dignidad, el desarrollo humano y el acceso a la vivienda. Esa misma ley creó una mesa institucional conformada por representantes de distintos estamentos gubernamentales que, además, incluyó a organizaciones sociales y barriales comprometidas con el tema. La norma también estableció la prohibición de medidas expulsivas de los asentamientos humanos existentes en tierras fiscales.
En 2008 el Gobierno, a través de la ley 766, dio continuidad a las políticas implementadas el año anterior y trató de afianzarlas. Para eso no sólo prorrogó la emergencia urbano ambiental y suspendió los desalojos de las personas en estado de vulnerabilidad socio-económico-habitacional sino que además instauró un Fondo Provincial de Fomento conformado por el diez por ciento en concepto de impuesto a los ingresos brutos recaudado por la Dirección General de Rentas de Tierra del Fuego. Determinó así la priorización de recursos financieros, técnicos, humanos y logísticos a la producción de suelo urbano. Esto implicó procesos de urbanización y consolidación urbana a través de la compra de tierras, apertura de calles o pasajes, alumbrado público, equipamiento y cualificación de espacios públicos, tendido de redes de servicios esenciales. La ley 766 también dispuso la realización de un relevamiento muestral poblacional provincial, a llevarse a cabo durante el 2009, a cargo de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia.
Estas políticas se vieron prorrogadas por la ley 789, promulgada en septiembre de 2009, que explicitaba la continuidad de gestión de las políticas y la asignación y ejecución de los recursos en un todo de acuerdo con la ley provincial 766, y por la ley 864, publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero de 2012, que prorrogó la emergencia hasta el 21 de diciembre del corriente.
Acciones a nivel municipal
En lo que a Ushuaia respecta, el Municipio también tomó medidas tendientes a paliar la crisis habitacional, se abrió el Registro de Demanda Habitacional a partir del cual los inscriptos, de acuerdo a un sistema de prelación (años de residencia en la ciudad, situación económico-social, familiares a cargo, etc.) pueden acceder a soluciones habitacionales. También se destinaron fondos para el ordenamiento urbano y se realizaron obras de tendido de servicios básicos en distintos puntos de la ciudad.
Un precedente importante en la materia fue la afectación de 174 hectáreas ubicadas en el valle de Andorra a la realización de un proyecto urbano integral que determine las intervenciones correspondientes a cada sector, según sus condiciones y potenciales generales. Esto fue establecido a través de la Ordenanza municipal 3926 sancionada en abril del año pasado por el Concejo Deliberante de Ushuaia.
La propuesta complementó las distintas alternativas que se fueron dando para paliar dicha crisis: Registro Único de Demanda Habitacional, Sistema de Puntajes, Convenio de Custodia, 64 hectáreas del Valle de Andorra, 50 hectáreas Los Alakalufes y 42 hectáreas Barrancas del Pipo.
La situación habitacional según el censo
De acuerdo al Censo de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010, en la última década la provincia experimento un crecimiento poblacional del 26 por ciento y aumentó en 5 veces el número de viviendas rancho.
Según el censo habitan Tierra del Fuego 124.048 personas y hay un total de 43.579 viviendas de las cuales 36.689 están habitadas.
Según el régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno, de un total de 38.956; se clasificaron como propietarios de la vivienda y el terreno 21.703 casos, como propietarios de la vivienda solamente 3.842 casos, como inquilinos 9.854 casos, como ocupantes por préstamo 1.750 casos, como ocupantes por relación de dependencia 956 casos y en otra situación 851 casos.
A nivel nacional el 34,2 por ciento de la población (más de 4 millones de personas) ocupa viviendas deficitarias por la calidad de los materiales. El 4,2 por ciento (más de medio millón de personas) está en viviendas irrecuperables. El hacinamiento de hogares alcanzó al 4 y al 7,3 por ciento de la población. El 16 por ciento no tiene red de agua, el 46 por ciento no cuenta con red cloacal y el 43,8 por ciento no posee red de gas. El promedio anual de nuevos hogares fue de 232.585 contra 127.323 en los censos anteriores.
Concejales participaron de las jornadas de hábitat
Los concejales radicales Viviana Guglielmi y Oscar Rubinos participaron de las jornadas organizadas por el espacio Habitar Argentina.
"Esto fue una convocatoria de los senadores María Rosa Díaz y Osvaldo López -contó la concejal Guglielmi- para informar a la comunidad sobre una serie de proyectos relacionados a la problemática habitacional, tema que para nosotros es de primordial importancia y que tenemos como política de estado desde el Ejecutivo".
La concejal radical dijo que "muchos de los planteos que se hacen en estos proyectos son similares a los que hacemos en el proyecto que presentamos con el bloque radical de la Legislatura, para la creación de un fondo específico para la problemática habitacional".
"Visto estos temas en común, aproveché para invitar formalmente a los senadores a que acompañen este proyecto de ley desde el lugar que ellos ocupan, puesto que será necesario involucrar fondos de Nación, ya que con un presupuesto municipal solamente, escasamente se puede abordar una problemática de estas características", finalizó.
Fuente: Diario Tiempo Fueguino
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentarios con Insultos o Agravios personales no serán publicados.