Un oficial de la Policía de Tierra del Fuego fue detenida, mientras que su pareja, integrante de la misma fuerza está prófugo, en el marco de una causa en la que están acusados de montar una cadena de estafas que perjudicó a "más de 70 personas" por una cifra estimada "en 40 millones" de pesos, para cual utilizaban como base de operaciones comisarías de la ciudad de Río Grande, informaron hoy fuentes judiciales.
El sospechoso de ser el cabecilla de la organización es el oficial Walter Nieva, que además es abogado de la institución policial y actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.
La pareja de Nieva, la oficial Rocío Godoy, fue detenida y acusada de ser partícipe de las maniobras, aunque ayer se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez de Instrucción 2 de Río Grande, Raúl Sahade, a cargo de la investigación del caso.
Según explicó a Télam el fiscal mayor de la ciudad, Martín Bramatti, Nieva logró que decenas de personas, entre ellas "comisarios de la propia Policía" le entregaran dinero (en efectivo y por transferencias bancarias) con el objetivo de realizar supuestas inversiones bursátiles que le proporcionarían una ganancia superior al rendimiento de un plazo fijo o de otras transacciones financieras.
"Lo que logró esta persona, con la participación de su pareja, fue generar un entorno de confianza con los damnificados. Su condición de abogado en un estudio jurídico conocido, y de policía, sumado a que las operaciones se cerraban mediante la firma de contratos en las propias comisarías, favoreció esa situación", detalló Bramatti.
El fiscal también mencionó que para darle apariencia de seriedad a las operaciones, en algunos casos el oficial cumplió con el contrato y devolvió el dinero con una ganancia, lo que hizo crecer "el boca a boca" y atrajo a otras víctimas.
Los investigadores ya recibieron 40 denuncias de perjudicados por la misma maniobra, y estiman que en algunos días llegarán "a 70" en función de un grupo de WhatsApp donde empezaron a nuclearse todos los damnificados por la estafa.
El juez Sahade ordenó los allanamientos del estudio jurídico de Nieva, de su domicilio y hasta de una casa de fin de semana en el municipio de Tolhuin.
También dictó una orden de detención del oficial que se encuentra prófugo y que según se presume estaría fuera de la provincia.
"Estamos revisando teléfonos y computadoras y tratando de encontrar indicios sobre su paradero", advirtió Bramatti.
El fiscal confirmó que algunas de las operatorias se suscribían en el interior de las comisarías o en los estacionamientos próximos, y que los involucrados recibían pagarés firmados por Nieva.
"Algunos se hicieron en la comisaría tercera de Río Grande, donde él trabajaba junto a su pareja, y otros en la comisaría de Género y Familia. Muchas víctimas eran policías, algunos de alto rango. Descartamos que la propia fuerza esté involucrada", dijo el representante del Ministerio Público.
Las sumas entregadas por cada persona eran variadas, aunque hubo gente que llegó a confiarles hasta 2 millones de pesos y dólares en efectivo.
"Es extraño que mucho de ese dinero se movía por transferencias. Llama la atención que el banco de esta persona no haya notado movimientos sospechosos, con tanto dinero ingresando y saliendo de su cuenta", completó Bramatti.
Hasta el momento ni el jefe de Policía, comisario Jacinto Rolón, ni autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia realizaron declaraciones sobre el tema.
Fuente: Télam.
El sospechoso de ser el cabecilla de la organización es el oficial Walter Nieva, que además es abogado de la institución policial y actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.
La pareja de Nieva, la oficial Rocío Godoy, fue detenida y acusada de ser partícipe de las maniobras, aunque ayer se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez de Instrucción 2 de Río Grande, Raúl Sahade, a cargo de la investigación del caso.
Según explicó a Télam el fiscal mayor de la ciudad, Martín Bramatti, Nieva logró que decenas de personas, entre ellas "comisarios de la propia Policía" le entregaran dinero (en efectivo y por transferencias bancarias) con el objetivo de realizar supuestas inversiones bursátiles que le proporcionarían una ganancia superior al rendimiento de un plazo fijo o de otras transacciones financieras.
"Lo que logró esta persona, con la participación de su pareja, fue generar un entorno de confianza con los damnificados. Su condición de abogado en un estudio jurídico conocido, y de policía, sumado a que las operaciones se cerraban mediante la firma de contratos en las propias comisarías, favoreció esa situación", detalló Bramatti.
El fiscal también mencionó que para darle apariencia de seriedad a las operaciones, en algunos casos el oficial cumplió con el contrato y devolvió el dinero con una ganancia, lo que hizo crecer "el boca a boca" y atrajo a otras víctimas.
Los investigadores ya recibieron 40 denuncias de perjudicados por la misma maniobra, y estiman que en algunos días llegarán "a 70" en función de un grupo de WhatsApp donde empezaron a nuclearse todos los damnificados por la estafa.
El juez Sahade ordenó los allanamientos del estudio jurídico de Nieva, de su domicilio y hasta de una casa de fin de semana en el municipio de Tolhuin.
También dictó una orden de detención del oficial que se encuentra prófugo y que según se presume estaría fuera de la provincia.
"Estamos revisando teléfonos y computadoras y tratando de encontrar indicios sobre su paradero", advirtió Bramatti.
El fiscal confirmó que algunas de las operatorias se suscribían en el interior de las comisarías o en los estacionamientos próximos, y que los involucrados recibían pagarés firmados por Nieva.
"Algunos se hicieron en la comisaría tercera de Río Grande, donde él trabajaba junto a su pareja, y otros en la comisaría de Género y Familia. Muchas víctimas eran policías, algunos de alto rango. Descartamos que la propia fuerza esté involucrada", dijo el representante del Ministerio Público.
Las sumas entregadas por cada persona eran variadas, aunque hubo gente que llegó a confiarles hasta 2 millones de pesos y dólares en efectivo.
"Es extraño que mucho de ese dinero se movía por transferencias. Llama la atención que el banco de esta persona no haya notado movimientos sospechosos, con tanto dinero ingresando y saliendo de su cuenta", completó Bramatti.
Hasta el momento ni el jefe de Policía, comisario Jacinto Rolón, ni autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia realizaron declaraciones sobre el tema.
Fuente: Télam.
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