Comunicado de la Agrupación ANUSATE: La extorsión a la que fueron sometidos los compañeros metalúrgicos, con la presión de más de 9 mil puestos de trabajo en juego por la quita de aranceles a productos tecnológicos fabricados en la provincia, es solo la punta del iceberg que deja entrever el futuro de los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Hoy los cañones hirieron al sector metalúrgico, pero no hay dudas que vinieron por todos y el recorte en el sector público es el paso a seguir.
La baja del arancel a productos electrónicos repercute directamente en el presupuesto provincial y, por decantación, en los presupuestos municipales teniendo en cuenta que la alícuota se verá francamente reducida, esto sumado al condicionamiento nacional en el giro de fondos, el resultado de esta ecuación es AJUSTE. El achique del Estado nacional, provincial y municipal es un proceso que ha comenzado para no detenerse. Un mecanismo perverso que comenzó el 8 y 9 de enero con el paquete de leyes, seguido ahora con la suspensión de horas guardias, congelamiento de salarios para terminar con la baja de estatales y municipales. No podemos olvidar el ajuste que hemos padecido en el pasado de la mano del gobierno del –aún vigente- Carlos Manfredotti que avanzó fuertemente sobre los derechos de los trabajadores, teniendo como desenlace la feroz represión en el Hospital de Río Grande.
Hoy los Convenios Colectivos de Trabajo, logrados luego de grandes luchas de miles de compañeras y compañeros que enfrentaron el poder político y económico, poniendo en riesgo hasta sus propias vidas, resistiendo represiones y persecuciones, están en riesgo de desaparecer de la mano de un personaje que estafó a la gente con promesas de campaña diametralmente opuestas a sus acciones de gobierno. No olvidemos ese candidato a presidente, dueño de una sonrisa forzada, que prometía no tocar la 19.640, el mismo que hablaba de un país creciendo y un futuro alentador para los trabajadores, ese prometía que no iban a haber despidos ni recortes en el sistema de Salud y Educación, el mismo que acusaba a la oposición de infundir una campaña del miedo y hablaba de Pobreza 0 y la desaparición del Impuesto a las Ganancias.
Aquel candidato hoy es nuestro presidente y en acciones diametralmente opuestas a las promesas eleccionarias toma estas medidas económicas y comienza a destruir aquello que prometió mejorar; muestra clara de ello es, por ejemplo, el avance sobre la salud pública, que está garantizada por nuestra Constitucional nacional. Sin embargo, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 908/2016 (ver) y pasando por sobre el Congreso, Macri lanzó la “Cobertura Universal de Salud” CUS, que no sólo busca privatizar la salud de todos los argentinos, sino que a quienes no tengan obra social se les exigirá un “carnet de pobre” para acceder a las mínimas prestaciones.
Esto es además un avance crudo contra los hospitales y sus trabajadores; ya que, si los ciudadanos no se atienden en los centros de salud o nosocomios, no tendrán posibilidad económica de reinvertir en recursos básicos. Podría producir enmascaradamente el despido de trabajadores públicos de la salud. Quienes paradójicamente tendrán que presentar su carnet de pobre para ser atendidos en otros centros privados con los que el Estado Nacional tiene convenios de atención.
También avanzó en contra de la educación pública nacional, por medio del Plan Maestro, que tiene por objetivo fomentar el “éxito individual” de los estudiantes, que solo generará en largo plazo una sociedad elitista y carente de oportunidades igualitarias para nuestros niños y jóvenes. Tampoco hay que perder de vista aquí el avance desmesurado contra los derechos de los trabajadores, en este caso docentes, a los que en el largo plazo buscan eliminar la paritaria nacional.
Con todo esto y más, el escenario en el que estamos parados hoy es alarmante y urge de organización en cada sector de trabajo, entendiendo que solo en las calles podremos defender los derechos que intentan mutilarnos y, a la vez, es momento de exigir a los actores políticos que tomen cartas en el asunto. Aquellos que tiñen su discurso con la defensa de los trabajadores, deberán actuar inmediatamente. Es por esto que instamos a los Intendentes que hoy dicen estar a favor del Pueblo y cuentan con todas las herramientas necesarias, las pongan a disposición para garantizar nuestros derechos laborales, haciendo un blindaje que ampare a los municipales ante los embates de este ajuste que sigue al pie de la letra la receta del FMI.
La baja del arancel a productos electrónicos repercute directamente en el presupuesto provincial y, por decantación, en los presupuestos municipales teniendo en cuenta que la alícuota se verá francamente reducida, esto sumado al condicionamiento nacional en el giro de fondos, el resultado de esta ecuación es AJUSTE. El achique del Estado nacional, provincial y municipal es un proceso que ha comenzado para no detenerse. Un mecanismo perverso que comenzó el 8 y 9 de enero con el paquete de leyes, seguido ahora con la suspensión de horas guardias, congelamiento de salarios para terminar con la baja de estatales y municipales. No podemos olvidar el ajuste que hemos padecido en el pasado de la mano del gobierno del –aún vigente- Carlos Manfredotti que avanzó fuertemente sobre los derechos de los trabajadores, teniendo como desenlace la feroz represión en el Hospital de Río Grande.
Hoy los Convenios Colectivos de Trabajo, logrados luego de grandes luchas de miles de compañeras y compañeros que enfrentaron el poder político y económico, poniendo en riesgo hasta sus propias vidas, resistiendo represiones y persecuciones, están en riesgo de desaparecer de la mano de un personaje que estafó a la gente con promesas de campaña diametralmente opuestas a sus acciones de gobierno. No olvidemos ese candidato a presidente, dueño de una sonrisa forzada, que prometía no tocar la 19.640, el mismo que hablaba de un país creciendo y un futuro alentador para los trabajadores, ese prometía que no iban a haber despidos ni recortes en el sistema de Salud y Educación, el mismo que acusaba a la oposición de infundir una campaña del miedo y hablaba de Pobreza 0 y la desaparición del Impuesto a las Ganancias.
Aquel candidato hoy es nuestro presidente y en acciones diametralmente opuestas a las promesas eleccionarias toma estas medidas económicas y comienza a destruir aquello que prometió mejorar; muestra clara de ello es, por ejemplo, el avance sobre la salud pública, que está garantizada por nuestra Constitucional nacional. Sin embargo, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 908/2016 (ver) y pasando por sobre el Congreso, Macri lanzó la “Cobertura Universal de Salud” CUS, que no sólo busca privatizar la salud de todos los argentinos, sino que a quienes no tengan obra social se les exigirá un “carnet de pobre” para acceder a las mínimas prestaciones.
Esto es además un avance crudo contra los hospitales y sus trabajadores; ya que, si los ciudadanos no se atienden en los centros de salud o nosocomios, no tendrán posibilidad económica de reinvertir en recursos básicos. Podría producir enmascaradamente el despido de trabajadores públicos de la salud. Quienes paradójicamente tendrán que presentar su carnet de pobre para ser atendidos en otros centros privados con los que el Estado Nacional tiene convenios de atención.
También avanzó en contra de la educación pública nacional, por medio del Plan Maestro, que tiene por objetivo fomentar el “éxito individual” de los estudiantes, que solo generará en largo plazo una sociedad elitista y carente de oportunidades igualitarias para nuestros niños y jóvenes. Tampoco hay que perder de vista aquí el avance desmesurado contra los derechos de los trabajadores, en este caso docentes, a los que en el largo plazo buscan eliminar la paritaria nacional.
Con todo esto y más, el escenario en el que estamos parados hoy es alarmante y urge de organización en cada sector de trabajo, entendiendo que solo en las calles podremos defender los derechos que intentan mutilarnos y, a la vez, es momento de exigir a los actores políticos que tomen cartas en el asunto. Aquellos que tiñen su discurso con la defensa de los trabajadores, deberán actuar inmediatamente. Es por esto que instamos a los Intendentes que hoy dicen estar a favor del Pueblo y cuentan con todas las herramientas necesarias, las pongan a disposición para garantizar nuestros derechos laborales, haciendo un blindaje que ampare a los municipales ante los embates de este ajuste que sigue al pie de la letra la receta del FMI.
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