El ministro de Justicia Nacional, Julio Alak, dijo que el nuevo Código Procesal Penal, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, será "un instrumento eficaz en la lucha contra el delito y, fundamentalmente, contra el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de crimen organizado".
“No queremos mano dura simbólica ni demagogia punitiva retórica; queremos un Código para llevar adelante una lucha eficiente contra el delito”, porque “Argentina debe cuidar su calidad de vida mejorando también el sistema procesal penal”, destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al referirse al nuevo Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
Alak subrayó que “el actual sistema inquisitivo es lento, y la lentitud es un aporte a la impunidad”, y agregó que “dificulta las investigaciones conjuntas dentro del país porque a nivel federal investiga el juez y en las provincias lo hacen los fiscales, igual que en el resto del mundo”.
El nuevo Código propone instrumentar el sistema acusatorio, que rige en Europa y en toda América. “Solamente Argentina y Uruguay no lo tienen, pero Uruguay lo pondrá en vigencia el próximo 5 de noviembre, con lo cual seremos los únicos que no hemos actualizado nuestro sistema de procedimientos penales”, afirmó.
Alak enfatizó que “el nuevo sistema acortará los procesos penales de un promedio de cuatro años a sólo seis meses”. Y destacó: “La condena tiene que llegar en tiempo oportuno para que la víctima y toda la sociedad sientan que el Estado les da una respuesta efectiva ante el delito”. En ese sentido, explicó que “el nuevo sistema brindará mayores garantías a las víctimas porque trabajarán junto a los fiscales en la investigación”.
“La celeridad y la oralidad, que son las claves del Código que enviaremos al Congreso, permitirán saber con certeza y rapidez si quienes están privados de la libertad son culpables o inocentes”, resaltó el ministro, y precisó que “hoy el sistema penitenciario federal tiene un 60% de detenidos sin condena, cuando la media mundial es del 30 por ciento”.
“Las personas tienen que cumplir la privación de la libertad como condenadas, no como procesadas –señaló el funcionario-; en cambio, hoy ocurre que, en numerosos casos, cuando llega la sentencia, al mismo tiempo el condenado recupera la libertad porque ya cumplió la pena en prisión preventiva, lo que genera una comprensible sensación de injusticia en la victima, en sus familiares y en toda la sociedad”.
Alak explicó que “el nuevo régimen procesal se aplicará a las causas que se inicien a partir de su sanción e implementación, y en ningún caso a las causas que ya están en trámite”, al tiempo que aclaró que “no provocará la extinción de ninguna causa penal”.
Asimismo, explicó que con el nuevo sistema “todas las etapas del proceso tendrán plazos fijados, como en todo código procesal del mundo; en este caso es de un año para los delitos comunes, pero además es prorrogable y en ningún caso el vencimiento de los plazos produce la extinción de las acciones”.
Además, aclaró que “las investigaciones complejas tienen un régimen especial en el que se duplican todos los plazos del régimen común”.
El nuevo Código “traslada la función de investigación a los fiscales, pero los jueces mantienen el poder de decisión sobre todas las resoluciones judiciales: medidas de prueba, imputaciones, procesamientos, prisiones preventivas, elevaciones a juicio y, por supuesto, la determinación de inocencia o culpabilidad de los acusados”.
Alak indicó también que “el anteproyecto está preparado para la futura implementación del juicio por jurados y prevé especialmente que una ley especial lo regulará”.
“No queremos mano dura simbólica ni demagogia punitiva retórica; queremos un Código para llevar adelante una lucha eficiente contra el delito”, porque “Argentina debe cuidar su calidad de vida mejorando también el sistema procesal penal”, destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al referirse al nuevo Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
Alak subrayó que “el actual sistema inquisitivo es lento, y la lentitud es un aporte a la impunidad”, y agregó que “dificulta las investigaciones conjuntas dentro del país porque a nivel federal investiga el juez y en las provincias lo hacen los fiscales, igual que en el resto del mundo”.
El nuevo Código propone instrumentar el sistema acusatorio, que rige en Europa y en toda América. “Solamente Argentina y Uruguay no lo tienen, pero Uruguay lo pondrá en vigencia el próximo 5 de noviembre, con lo cual seremos los únicos que no hemos actualizado nuestro sistema de procedimientos penales”, afirmó.
Alak enfatizó que “el nuevo sistema acortará los procesos penales de un promedio de cuatro años a sólo seis meses”. Y destacó: “La condena tiene que llegar en tiempo oportuno para que la víctima y toda la sociedad sientan que el Estado les da una respuesta efectiva ante el delito”. En ese sentido, explicó que “el nuevo sistema brindará mayores garantías a las víctimas porque trabajarán junto a los fiscales en la investigación”.
“La celeridad y la oralidad, que son las claves del Código que enviaremos al Congreso, permitirán saber con certeza y rapidez si quienes están privados de la libertad son culpables o inocentes”, resaltó el ministro, y precisó que “hoy el sistema penitenciario federal tiene un 60% de detenidos sin condena, cuando la media mundial es del 30 por ciento”.
“Las personas tienen que cumplir la privación de la libertad como condenadas, no como procesadas –señaló el funcionario-; en cambio, hoy ocurre que, en numerosos casos, cuando llega la sentencia, al mismo tiempo el condenado recupera la libertad porque ya cumplió la pena en prisión preventiva, lo que genera una comprensible sensación de injusticia en la victima, en sus familiares y en toda la sociedad”.
Alak explicó que “el nuevo régimen procesal se aplicará a las causas que se inicien a partir de su sanción e implementación, y en ningún caso a las causas que ya están en trámite”, al tiempo que aclaró que “no provocará la extinción de ninguna causa penal”.
Asimismo, explicó que con el nuevo sistema “todas las etapas del proceso tendrán plazos fijados, como en todo código procesal del mundo; en este caso es de un año para los delitos comunes, pero además es prorrogable y en ningún caso el vencimiento de los plazos produce la extinción de las acciones”.
Además, aclaró que “las investigaciones complejas tienen un régimen especial en el que se duplican todos los plazos del régimen común”.
El nuevo Código “traslada la función de investigación a los fiscales, pero los jueces mantienen el poder de decisión sobre todas las resoluciones judiciales: medidas de prueba, imputaciones, procesamientos, prisiones preventivas, elevaciones a juicio y, por supuesto, la determinación de inocencia o culpabilidad de los acusados”.
Alak indicó también que “el anteproyecto está preparado para la futura implementación del juicio por jurados y prevé especialmente que una ley especial lo regulará”.
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