La iniciativa apunta a jerarquizar la profesión del Trabajador Social, crear la matrícula para el sector y establecer sus derechos y obligaciones, en todo el territorio nacional.
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, encabezó en la sede de su cartera, el acto de lanzamiento del anteproyecto de Ley Federal de Trabajo Social (ver), que se elevará al Congreso, y que fue explicado por la titular de la Federación de Asociaciones Profesional de Servicios Sociales, Silvana Martínez.
Martínez destacó que el anteproyecto, de ser aprobado, se convertiría en la “primera norma federal para la profesión”, con los objetivos de promover su jerarquización dada su relevancia social y su contribución a la defensa y reivindicación de los derechos humanos.
Señaló que se apunta a establecer un marco normativo general para la profesión, sin perjuicio de control del ejercicio profesional, además de fijar las competencias en todo el país.
Contempla la protección de los intereses de los ciudadanos para que quienes ejerzan el trabajo social garanticen condiciones de prestación idónea de sus servicios.
Se busca también mediante el anteproyecto ampliar la obligatoriedad de la matriculación en instituciones nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país.
El anteproyecto también regula los derechos y obligaciones del trabajo social.
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, encabezó en la sede de su cartera, el acto de lanzamiento del anteproyecto de Ley Federal de Trabajo Social (ver), que se elevará al Congreso, y que fue explicado por la titular de la Federación de Asociaciones Profesional de Servicios Sociales, Silvana Martínez.
Martínez destacó que el anteproyecto, de ser aprobado, se convertiría en la “primera norma federal para la profesión”, con los objetivos de promover su jerarquización dada su relevancia social y su contribución a la defensa y reivindicación de los derechos humanos.
Señaló que se apunta a establecer un marco normativo general para la profesión, sin perjuicio de control del ejercicio profesional, además de fijar las competencias en todo el país.
Contempla la protección de los intereses de los ciudadanos para que quienes ejerzan el trabajo social garanticen condiciones de prestación idónea de sus servicios.
Se busca también mediante el anteproyecto ampliar la obligatoriedad de la matriculación en instituciones nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país.
El anteproyecto también regula los derechos y obligaciones del trabajo social.
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