La Unidad de Investigaciones Financieras pidió aplicar la ley de lavado de dinero en el expediente por el robo de bienes por el que se acusa al marino que comandó el grupo de tareas de la ESMA. También solicitó decomisar los bienes de quienes le dieron cobertura en Tierra Del Fuego, informó Página 12.
El robo de bienes de los desaparecidos empieza a ser pensado a partir de la ley de lavado de dinero. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que encabeza José Sbatella, se presentó en el juzgado federal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, como querellante de la causa que investiga la relación del marino Jorge Raúl Vildoza con el robo de bienes de la ESMA. A través de un escrito le pidió a la Justicia el decomiso de bienes y el congelamiento por 90 días de los fondos de los hombres que le dieron cobertura a Vildoza en ese lugar mientras se escapaba de la Justicia. Las claves que están detrás de American Data SA, la empresa a través de la cual Vildoza habría utilizado para blanquear el producto de sus robos, deben ser resueltas por el juez a cargo de la causa Antonio Aciar.
Además del hijo y del yerno del Vildoza, la UIF puso la mira sobre tres de las personas que rodearon a Vildoza en Tierra del Fuego: “El apoyo que obtuvo Vildoza padre y su esposa también estaba sostenido por una estructura muy amplia que les brindaba dinero y apoyo tanto para lavar el dinero obtenido en forma ilícita a través de la apropiación de bienes de desaparecidos, como para mantenerse en rebeldía y solventar económicamente la clandestinidad”, dice el escrito. Indica también que “la conducta de Vildoza pudo realizarse por los actos de encubrimiento llevados a cabo por sus abogados: Jorge Kresser Pereyra, Demetrio Martinelli y Luis Campi”. Los tres, según la denuncia: sumaron “hechos de complicidad, y valiéndose del conocimiento que tenían acerca del origen ilícito de esos casinos realizaron acciones tendientes a obtener una mayor ganancia”. El aún presunto “encubrimiento” consistió en “darles refugio, documentación falsa y brindar asesoramiento jurídico profesional para eludir el accionar de la Justicia en cuanto al delito de lavado de activos. Todas esas maniobras tenían como finalidad apropiarse de dinero que sabían era proveniente de un delito de lesa humanidad”, señala el escrito. Y a modo de ejemplo, señala que proporcionó los documentos en los viajes de los Vildoza a Sudáfrica. O que, tal como lo dijo Beccaluva, “el 50 por ciento de lo producido en los casinos iba para Campi, Kresser Pereyra y Martinelli y asimismo, se había acordado que lo que se recuperara del IPRA (Instituto Provincial de Regulación de Apuestas) por esos cánones pagados indebidamente era propiedad también de esas tres personas. Circunstancia que, de ser así, los convierte en coautores del delito de lavado de activos”.
Aquí se trata, dice el escrito, “de abogados que asesoraron jurídicamente y cobraron honorarios a sabiendas que ese dinero tenía un origen ilícito y valiéndose de ese conocimiento aplicaron el dinero que correspondía que reciba la empresa American Data SA mediante cheques o alguna otra forma aún en instancias de investigación y lo introdujeron en el circuito económico con el objeto de usufructuarlo”.
Martinelli y Kresser Pereyra son dos abogados de Ushuaia. Martinelli es especialmente conocido como ex constituyente y hasta este escándalo era uno de los abogados de la matrícula que actuaba de conjuez. Tan conocido es que el juez del juzgado de Tierra del Fuego se apartó de la causa por la relación de amistad con él.
El juez que tiene la causa desde entonces es Aciar. Fuentes de la investigación indican que hasta aquí no produjo ninguna de las medidas de pruebas que la fiscalía consideró más importantes para documentar el testimonio de Beccaluva. A través de los medios locales, sin embargo, el juez señaló que no es cierto que la causa está parada, pero el año pasado pronunció una frase que pareció destinada a correr el eje de la discusión. Dijo que en la causa “no tenemos demostrado que Vildoza haya estado en la provincia”. Aunque es cierto que ese elemento es uno de los datos más resonantes de la denuncia de Beccaluva, realmente no parece el dato más relevante a la luz de la estructura de funcionamiento de American Data para determinar si, finalmente, el origen de esa compañía puede pensarse desde el robo de bienes.
El robo de bienes de los desaparecidos empieza a ser pensado a partir de la ley de lavado de dinero. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que encabeza José Sbatella, se presentó en el juzgado federal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, como querellante de la causa que investiga la relación del marino Jorge Raúl Vildoza con el robo de bienes de la ESMA. A través de un escrito le pidió a la Justicia el decomiso de bienes y el congelamiento por 90 días de los fondos de los hombres que le dieron cobertura a Vildoza en ese lugar mientras se escapaba de la Justicia. Las claves que están detrás de American Data SA, la empresa a través de la cual Vildoza habría utilizado para blanquear el producto de sus robos, deben ser resueltas por el juez a cargo de la causa Antonio Aciar.
Además del hijo y del yerno del Vildoza, la UIF puso la mira sobre tres de las personas que rodearon a Vildoza en Tierra del Fuego: “El apoyo que obtuvo Vildoza padre y su esposa también estaba sostenido por una estructura muy amplia que les brindaba dinero y apoyo tanto para lavar el dinero obtenido en forma ilícita a través de la apropiación de bienes de desaparecidos, como para mantenerse en rebeldía y solventar económicamente la clandestinidad”, dice el escrito. Indica también que “la conducta de Vildoza pudo realizarse por los actos de encubrimiento llevados a cabo por sus abogados: Jorge Kresser Pereyra, Demetrio Martinelli y Luis Campi”. Los tres, según la denuncia: sumaron “hechos de complicidad, y valiéndose del conocimiento que tenían acerca del origen ilícito de esos casinos realizaron acciones tendientes a obtener una mayor ganancia”. El aún presunto “encubrimiento” consistió en “darles refugio, documentación falsa y brindar asesoramiento jurídico profesional para eludir el accionar de la Justicia en cuanto al delito de lavado de activos. Todas esas maniobras tenían como finalidad apropiarse de dinero que sabían era proveniente de un delito de lesa humanidad”, señala el escrito. Y a modo de ejemplo, señala que proporcionó los documentos en los viajes de los Vildoza a Sudáfrica. O que, tal como lo dijo Beccaluva, “el 50 por ciento de lo producido en los casinos iba para Campi, Kresser Pereyra y Martinelli y asimismo, se había acordado que lo que se recuperara del IPRA (Instituto Provincial de Regulación de Apuestas) por esos cánones pagados indebidamente era propiedad también de esas tres personas. Circunstancia que, de ser así, los convierte en coautores del delito de lavado de activos”.
Aquí se trata, dice el escrito, “de abogados que asesoraron jurídicamente y cobraron honorarios a sabiendas que ese dinero tenía un origen ilícito y valiéndose de ese conocimiento aplicaron el dinero que correspondía que reciba la empresa American Data SA mediante cheques o alguna otra forma aún en instancias de investigación y lo introdujeron en el circuito económico con el objeto de usufructuarlo”.
Martinelli y Kresser Pereyra son dos abogados de Ushuaia. Martinelli es especialmente conocido como ex constituyente y hasta este escándalo era uno de los abogados de la matrícula que actuaba de conjuez. Tan conocido es que el juez del juzgado de Tierra del Fuego se apartó de la causa por la relación de amistad con él.
El juez que tiene la causa desde entonces es Aciar. Fuentes de la investigación indican que hasta aquí no produjo ninguna de las medidas de pruebas que la fiscalía consideró más importantes para documentar el testimonio de Beccaluva. A través de los medios locales, sin embargo, el juez señaló que no es cierto que la causa está parada, pero el año pasado pronunció una frase que pareció destinada a correr el eje de la discusión. Dijo que en la causa “no tenemos demostrado que Vildoza haya estado en la provincia”. Aunque es cierto que ese elemento es uno de los datos más resonantes de la denuncia de Beccaluva, realmente no parece el dato más relevante a la luz de la estructura de funcionamiento de American Data para determinar si, finalmente, el origen de esa compañía puede pensarse desde el robo de bienes.
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