La Justicia de Tierra Del Fuego procesó hoy con prisión preventiva a un policía provincial acusado de infligir lesiones con una picana eléctrica a un detenido, y a otro efectivo de rango superior por no haberle ordenado que cesara con la tortura, informaron fuentes judiciales.
La medida dictada por el juez de instrucción de Río Grande, Héctor Ochoa involucra al sargento César Gómez, procesado por el delito de torturas, y al oficial ayudante Cristian Verón, a quien le imputó "la omisión de hacer cesar o evitar" el hecho principal.
A su vez, Ochoa dictó el procesamiento, aunque sin prisión, del cabo primero Matías Maggieri, acusado del delito menos grave de "vejaciones", y sobreseyó al suboficial escribiente Cristian Lara, también detenido desde el llamado a declaración indagatoria producido hace diez días.
El caso que conmocionó a la provincia se produjo en febrero del año pasado, cuando los jóvenes Franco Torres y Federico Sosa denunciaron haber sido golpeados y lesionados durante su detención en la comisaría tercera de Río Grande y en el interior del Hospital Regional de esa ciudad.
La investigación alcanzó a un total de 11 policías que fueron indagados por la Justicia en la semana del 6 al 10 de agosto, mientras que sobre cuatro de ellos se había ordenado su inmediata detención.
Al resolver la situación procesal de todos los uniformados, además de los casos mencionados, la Justicia dictó varios sobreseimientos y faltas de mérito que ahora serán analizados por el fiscal Guillermo Quadrini y los abogados de las víctimas que intervienen como querellantes.
Piden profundizar la investigación. El abogado Francisco Giménez, representante de Torres, se mostró hoy conforme con la decisión judicial, al declarar que fue "ajustada a derecho" pero pidió profundizar la investigación en relación a lo sucedido dentro de la comisaría.
"Desde el punto de vista de la querella creemos que la causa no debe quedar acá. Hasta el momento se ha investigado el derrotero de la tortura con picana eléctrica y su autor, cuando en realidad debería investigarse todo un sistema puesto en marcha dentro de la comisaría tercera desde el momento de la detención de los jóvenes y hasta que fueron liberados", explicó el letrado.
En el mismo sentido, el abogado agregó que no quiere "que baje un mensaje de la justicia hacia la policía, en cuanto a que se investigan picanas pero no golpes. La próxima etapa tiene que ser investigar y deslindar responsabilidades por lo acontecido dentro del recinto policial".
Giménez sostuvo que evaluará durante los próximos cinco días hábiles si apela parcialmente el fallo del juez Ochoa, luego de analizar las pruebas que hizo valer el magistrado para incriminar o desincriminar a cada uno de los policías involucrados.
La situación de los efectivos se complicó después de un estudio realizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del que se desprendió que las lesiones sufridas por los jóvenes torturados eran compatibles con el paso de energía eléctrica a través del cuerpo.
La causa se dilató porque cuando Ochoa resolvió la indagatoria de los policías, a fines del año pasado, dispuso que se presentaran en libertad, mientras que la fiscalía y la querella solicitaron que fueran detenidos.
La Cámara de Apelaciones provincial resolvió en noviembre de 2011 hacer lugar a esos pedidos y le ordenó al magistrado que detuviera a los sospechosos al momento de tomarles declaración, algo que sin embargo no ocurrió hasta comienzos de este mes.
Fuente: Télam
La medida dictada por el juez de instrucción de Río Grande, Héctor Ochoa involucra al sargento César Gómez, procesado por el delito de torturas, y al oficial ayudante Cristian Verón, a quien le imputó "la omisión de hacer cesar o evitar" el hecho principal.
A su vez, Ochoa dictó el procesamiento, aunque sin prisión, del cabo primero Matías Maggieri, acusado del delito menos grave de "vejaciones", y sobreseyó al suboficial escribiente Cristian Lara, también detenido desde el llamado a declaración indagatoria producido hace diez días.
El caso que conmocionó a la provincia se produjo en febrero del año pasado, cuando los jóvenes Franco Torres y Federico Sosa denunciaron haber sido golpeados y lesionados durante su detención en la comisaría tercera de Río Grande y en el interior del Hospital Regional de esa ciudad.
La investigación alcanzó a un total de 11 policías que fueron indagados por la Justicia en la semana del 6 al 10 de agosto, mientras que sobre cuatro de ellos se había ordenado su inmediata detención.
Al resolver la situación procesal de todos los uniformados, además de los casos mencionados, la Justicia dictó varios sobreseimientos y faltas de mérito que ahora serán analizados por el fiscal Guillermo Quadrini y los abogados de las víctimas que intervienen como querellantes.
Piden profundizar la investigación. El abogado Francisco Giménez, representante de Torres, se mostró hoy conforme con la decisión judicial, al declarar que fue "ajustada a derecho" pero pidió profundizar la investigación en relación a lo sucedido dentro de la comisaría.
"Desde el punto de vista de la querella creemos que la causa no debe quedar acá. Hasta el momento se ha investigado el derrotero de la tortura con picana eléctrica y su autor, cuando en realidad debería investigarse todo un sistema puesto en marcha dentro de la comisaría tercera desde el momento de la detención de los jóvenes y hasta que fueron liberados", explicó el letrado.
En el mismo sentido, el abogado agregó que no quiere "que baje un mensaje de la justicia hacia la policía, en cuanto a que se investigan picanas pero no golpes. La próxima etapa tiene que ser investigar y deslindar responsabilidades por lo acontecido dentro del recinto policial".
Giménez sostuvo que evaluará durante los próximos cinco días hábiles si apela parcialmente el fallo del juez Ochoa, luego de analizar las pruebas que hizo valer el magistrado para incriminar o desincriminar a cada uno de los policías involucrados.
La situación de los efectivos se complicó después de un estudio realizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del que se desprendió que las lesiones sufridas por los jóvenes torturados eran compatibles con el paso de energía eléctrica a través del cuerpo.
La causa se dilató porque cuando Ochoa resolvió la indagatoria de los policías, a fines del año pasado, dispuso que se presentaran en libertad, mientras que la fiscalía y la querella solicitaron que fueran detenidos.
La Cámara de Apelaciones provincial resolvió en noviembre de 2011 hacer lugar a esos pedidos y le ordenó al magistrado que detuviera a los sospechosos al momento de tomarles declaración, algo que sin embargo no ocurrió hasta comienzos de este mes.
Fuente: Télam
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