Las personas sometidas a regímenes de explotación sexual o laboral liberadas y asistidas por el Estado nacional suman 3.465 desde la sanción, en 2008, de la ley específica impulsada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hasta el 31 de julio último 712 personas fueron rescadas.
Según un informe elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en más de 300 allanamientos realizados en distintos puntos del país fueron rescatadas 278 personas que eran sometidas a explotación laboral, mientras que las otras 434 liberadas eran explotadas sexualmente.
De las estadísticas se desprende que 627 eran mayores de edad y las 85 restantes, menores; mientras 344 víctimas eran argentinas y 368, extranjeras.
Desde abril de 2008, cuando, a instancias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley 26.364 (ver) para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 3465 personas ya fueron rescatadas de las organizaciones criminales que las explotaban.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó que, para el Gobierno nacional, éstos son resultados de “una lucha sistemática contra el tercer delito en importancia a escala global”.
“Esta lucha —agregó el funcionario— se convirtió en una política de Estado de primer orden en el país gracias a la firme decisión de nuestra Presidenta, y ahora está tomando alcance regional en el marco de un proceso de integración cada vez más vigoroso con los gobiernos hermanos de Suramérica”.
Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Rescate, Zaida Gatti, alertó sobre las diferentes formas de captación que ejercen las redes de trata y, en ese sentido, señaló que las más comunes se dan mediante el engaño, “a través de ofrecimientos de trabajo publicados en avisos para trabajar de niñeras, modelos, etc; o también por medio de ofertas laborales realizadas por conocidos de las víctimas”. La funcionaria agregó que el secuestro también opera como otra modalidad de reclutamiento, aunque es menos frecuente.
Gatti indicó que, “en su mayoría, las victimas son mujeres, niñas y niños que atraviesan situaciones económicas desfavorables y que, para alimentar a sus familias, aceptan trabajar sin conocer cuáles son los verdaderos objetivos” de quienes les ofrecen el falso empleo.
En general, estos trabajos se ofrecen en ciudades o localidades alejadas del lugar donde reside la víctima, a fin de evitar que pueda solicitar ayuda fácilmente.
Del total de víctimas rescatadas desde 2008, 1.813 eran sometidas a explotación laboral y 1.633 a explotación sexual, mientras que las restantes 19 fueron liberadas en “fase de captación o traslado, no habiéndose determinado hasta el momento el fin de la explotación”, indica el informe.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas rescatadas, tomando el total de las personas liberadas desde 2008, surge que 1.602 víctimas eran argentinas y 1.863, extranjeras.
Talleres clandestinos
En tanto, en el marco del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Nación, y en conjunto con las fuerzas federales de seguridad, esta semana se realizaron 16 allanamientos simultáneos en talleres textiles clandestinos que operaban en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, que conduce Norberto Oyarbide, Secretaría N° 9, a cargo de Carlos Leiva, las inspecciones fueron realizadas en diferentes domicilios de la Capital Federal, Ciudadela, Lomas del Mirador, Villa Celina y Villa Madero.
Como resultado de los operativos, el personal de la Oficina de Rescate entrevistó a 162 personas en situación de explotación laboral, de las cuales 5 eran menores de edad que habían sido ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados, sin documentos ni autorizaciones. En ese orden, se informó que, por su condición, permanecerán a resguardo del Programa Nacional de Rescate.
Además, de las entrevistas se desprendió que las víctimas en su mayoría eran de nacionalidades boliviana y argentina, en tanto que otros datos relevantes indican que cumplían largas jornadas laborales de más de 12 horas diarias; la mayoría no contaba con sus documentos de identidad ni con dinero al momento del allanamiento y como “salario” recibían “vales” de dinero semanales de 100 y 200 pesos.
Según un informe elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en más de 300 allanamientos realizados en distintos puntos del país fueron rescatadas 278 personas que eran sometidas a explotación laboral, mientras que las otras 434 liberadas eran explotadas sexualmente.
De las estadísticas se desprende que 627 eran mayores de edad y las 85 restantes, menores; mientras 344 víctimas eran argentinas y 368, extranjeras.
Desde abril de 2008, cuando, a instancias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley 26.364 (ver) para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 3465 personas ya fueron rescatadas de las organizaciones criminales que las explotaban.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó que, para el Gobierno nacional, éstos son resultados de “una lucha sistemática contra el tercer delito en importancia a escala global”.
“Esta lucha —agregó el funcionario— se convirtió en una política de Estado de primer orden en el país gracias a la firme decisión de nuestra Presidenta, y ahora está tomando alcance regional en el marco de un proceso de integración cada vez más vigoroso con los gobiernos hermanos de Suramérica”.
Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Rescate, Zaida Gatti, alertó sobre las diferentes formas de captación que ejercen las redes de trata y, en ese sentido, señaló que las más comunes se dan mediante el engaño, “a través de ofrecimientos de trabajo publicados en avisos para trabajar de niñeras, modelos, etc; o también por medio de ofertas laborales realizadas por conocidos de las víctimas”. La funcionaria agregó que el secuestro también opera como otra modalidad de reclutamiento, aunque es menos frecuente.
Gatti indicó que, “en su mayoría, las victimas son mujeres, niñas y niños que atraviesan situaciones económicas desfavorables y que, para alimentar a sus familias, aceptan trabajar sin conocer cuáles son los verdaderos objetivos” de quienes les ofrecen el falso empleo.
En general, estos trabajos se ofrecen en ciudades o localidades alejadas del lugar donde reside la víctima, a fin de evitar que pueda solicitar ayuda fácilmente.
Del total de víctimas rescatadas desde 2008, 1.813 eran sometidas a explotación laboral y 1.633 a explotación sexual, mientras que las restantes 19 fueron liberadas en “fase de captación o traslado, no habiéndose determinado hasta el momento el fin de la explotación”, indica el informe.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas rescatadas, tomando el total de las personas liberadas desde 2008, surge que 1.602 víctimas eran argentinas y 1.863, extranjeras.
Talleres clandestinos
En tanto, en el marco del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Nación, y en conjunto con las fuerzas federales de seguridad, esta semana se realizaron 16 allanamientos simultáneos en talleres textiles clandestinos que operaban en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, que conduce Norberto Oyarbide, Secretaría N° 9, a cargo de Carlos Leiva, las inspecciones fueron realizadas en diferentes domicilios de la Capital Federal, Ciudadela, Lomas del Mirador, Villa Celina y Villa Madero.
Como resultado de los operativos, el personal de la Oficina de Rescate entrevistó a 162 personas en situación de explotación laboral, de las cuales 5 eran menores de edad que habían sido ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados, sin documentos ni autorizaciones. En ese orden, se informó que, por su condición, permanecerán a resguardo del Programa Nacional de Rescate.
Además, de las entrevistas se desprendió que las víctimas en su mayoría eran de nacionalidades boliviana y argentina, en tanto que otros datos relevantes indican que cumplían largas jornadas laborales de más de 12 horas diarias; la mayoría no contaba con sus documentos de identidad ni con dinero al momento del allanamiento y como “salario” recibían “vales” de dinero semanales de 100 y 200 pesos.
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